Si los ayatolas caen, la industria del Free Palestine colapsará con ellos

Jacques Rothschild*

Durante años, las calles y campus universitarios occidentales han resonado con el lema Free Palestine (“Palestina Libre”). Para muchos de sus simpatizantes, suena como un simple llamado a la justicia. Pero en realidad, gran parte del movimiento global moderno que respalda este lema ha sido inseparable del proyecto geopolítico de la República Islámica de Irán y de los grupos militantes afines que financia.

Organizaciones como Hamás y Hezbolá no son meros actores locales en una disputa territorial. Son pilares centrales de la estrategia regional de Irán, financiados, armados y dirigidos por Teherán como parte de su larga campaña contra Israel y contra la influencia occidental en el Medio Oriente.

Durante décadas, el régimen iraní ha invertido miles de millones de dólares en lo que podría llamarse la infraestructura ideológica del conflicto: propaganda, movimientos políticos y redes de activistas en todo el mundo. Cuando los manifestantes corean consignas en las capitales occidentales que reflejan el lenguaje de estos grupos, no es casualidad. Reflejan un ecosistema político que Irán ha cultivado cuidadosamente.

Ingenuidad: un estudiante toca la guitarra junto a una bandera de Hezbolá en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, durante el auge de los “campamentos Free Palestine” en los campus universitarios en 2024
(Foto: X)

Si el eje regional de Irán se debilita —o incluso colapsa—, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá del campo de batalla. La infraestructura global de protesta que ha sostenido el movimiento Free Palestine podría perder el oxígeno financiero, político e ideológico que lo ha mantenido vivo. Sin el apoyo de Teherán, el movimiento podría reducirse rápidamente.

Pero otra pregunta se plantea a las democracias occidentales, en particular a Estados Unidos: ¿cómo deben responder las sociedades abiertas cuando el activismo se convierte en la glorificación de la violencia? EEUU se ha enorgullecido durante mucho tiempo de su firme compromiso con la libertad de expresión amparada por la Primera Enmienda. Sin embargo, incluso en Estados Unidos, la libertad de expresión nunca ha significado que toda forma de expresión sea bienvenida en cualquier contexto, ni que el país deba permitir la entrada a extranjeros que promuevan la violencia.

Consideremos la reciente decisión de negar la entrada a una banda musical británica después de que sus miembros corearan “Muerte a las FDI” durante sus actuaciones. Independientemente de la opinión que se tenga sobre la política israelí, corear la muerte de soldados —de hecho, de cualquier persona— no es discurso político. Es incitación. Es importante destacar que la legislación migratoria siempre ha reconocido esta distinción.

El gobierno de Estados Unidos tiene amplia autoridad para denegar la entrada a extranjeros cuyas actividades sean contrarias a los intereses estadounidenses. La Corte Suprema ratificó este principio en el caso Kleindienst vs. Mandel (1972), al dictaminar que los poderes políticos poseen amplia discreción para excluir a ciudadanos extranjeros. Posteriormente, el Congreso reforzó estas facultades mediante legislación como la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al gobierno prohibir la entrada a personas que apoyen o respalden materialmente a organizaciones terroristas.

Durante décadas, el régimen iraní ha invertido miles de millones de dólares en lo que podría llamarse la infraestructura ideológica del conflicto: propaganda, movimientos políticos y redes de activistas en todo el mundo. Cuando los manifestantes corean consignas en las capitales occidentales que reflejan el lenguaje de estos grupos, no es casualidad. Reflejan un ecosistema político que Irán ha cultivado cuidadosamente

Esta autoridad no es teórica. Estados Unidos ha designado desde hace tiempo a grupos como Hamás y Hezbolá como organizaciones terroristas, por lo que el apoyo a estos grupos constituye motivo de denegación de visa o expulsión. El principio es sencillo: la Primera Enmienda protege la libertad de expresión de los estadounidenses, pero no obliga a Estados Unidos a importar voces extranjeras que glorifiquen la violencia contra sus aliados o sus propios ciudadanos.

Por lo tanto, la sociedad estadounidense se enfrenta a una cuestión más profunda. La Primera Enmienda es una de las joyas de la corona del orden constitucional estadounidense. Sin embargo, incluso las amplias protecciones de la libertad de expresión nunca han sido absolutas. La jurisprudencia estadounidense ha reconocido desde hace tiempo límites cuando el discurso traspasa la línea hacia la violencia o la incitación. En Brandenburg vs. Ohio (1969), la Corte Suprema dictaminó que el discurso que aboga por la violencia puede restringirse cuando está dirigido a una acción ilegal inminente y es probable que produzca tal acción. Asimismo, la Corte ha reconocido que las amenazas reales y el apoyo material al terrorismo quedan fuera de las protecciones fundamentales de la expresión política.

En la práctica, sin embargo, las sociedades occidentales se han vuelto cada vez más reacias a hacer cumplir estos límites. Los cánticos que incitan abiertamente a la violencia contra soldados, grupos étnicos o naciones enteras a menudo se justifican como mero “discurso político”. Esa reticencia corre el riesgo de extender el concepto de libertad de expresión más allá de su propósito original, hasta el punto de que casi cualquier cosa pueda justificarse bajo su amparo.

Otras democracias han adoptado un enfoque más firme al definir esos límites. En algunas partes de Europa, por ejemplo, la exhibición de símbolos nazis, la negación del Holocausto y la propaganda relacionada no se consideran expresiones protegidas, sino formas peligrosas de incitación arraigadas en un pasado ideológico violento. Estas sociedades han llegado a la conclusión —basándose en la dura experiencia histórica— de que algunos movimientos no son meras posturas políticas, sino vehículos de odio y violencia que deben restringirse en la esfera pública.

La Primera Enmienda protege la libertad de expresión de los estadounidenses, pero no obliga a Estados Unidos a importar voces extranjeras que glorifiquen la violencia contra sus aliados o sus propios ciudadanos

Estados Unidos no necesita replicar estas leyes íntegramente, pero no puede ignorar la lección subyacente. Cuando organizaciones como Hamás y Hezbolá abrazan abiertamente la violencia y son designadas formalmente como grupos terroristas, es razonable preguntarse si sus símbolos, propaganda y activismo organizado deberían seguir gozando de la plena protección de la libertad de expresión política ordinaria, especialmente cuando dicha expresión se convierte en glorificación o incitación a la violencia.

Si las democracias liberales desean preservarse, deben redescubrir que las libertades constitucionales nunca fueron diseñadas para servir de escudo a movimientos que glorifican la violencia. Este principio debe aplicarse no solo a visitantes y titulares de visas, sino también, cuando el discurso traspasa el umbral legal de la incitación o la amenaza, a los ciudadanos, incluidos aquellos que se han naturalizado.

La ciudadanía conlleva derechos, pero también obligaciones con el orden constitucional que los hace posibles. Una sociedad que se niega a defender los límites de sus propias libertades corre el riesgo de ver cómo estas se erosionan desde dentro.

En una era de migración masiva y activismo globalizado, esta distinción cobra aún mayor importancia. Una sociedad que desea preservar su cultura cívica no puede ignorar los valores que traen consigo los inmigrantes.

La inmigración siempre ha sido una fortaleza fundamental de Estados Unidos, pero históricamente ha estado ligada a la expectativa de asimilación al orden constitucional y las normas cívicas de la nación. Esa expectativa se ha debilitado en las últimas décadas, siendo reemplazada por un estándar más ambiguo en el que a los recién llegados a veces se les anima a importar los conflictos políticos de otras regiones.

El resultado ha sido visible en todas las democracias occidentales: campus universitarios y calles donde resuenan cánticos que glorifican movimientos militantes bajo la bandera del activismo político.

Si una civilización no puede distinguir entre la libertad y las fuerzas que buscan destruirla, la historia sugiere que no permanecerá libre por mucho tiempo

Para una civilización construida sobre valores democráticos liberales, esto representa una paradoja. Una sociedad abierta debe tolerar la disidencia, incluso la más radical. Pero no se puede esperar que acoja la importación de ideologías que celebran abiertamente la violencia o que rechazan los principios que sustentan esa apertura.

Si las democracias occidentales desean preservarse, deben redescubrir un principio fundamental: la inmigración es un privilegio otorgado por una nación soberana, no un derecho ajeno a la responsabilidad cívica. Ese principio no exige renunciar a la libertad de expresión. Exige reconocer dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la autopreservación nacional.

La historia ofrece una lección clara: las civilizaciones no se derrumban solo por enemigos externos. También se debilitan cuando pierden la confianza para defender los principios que las sustentan. Si el eje militante de Irán se desvanece, la maquinaria global que alimenta la agitación radical antiisraelí podría desvanecerse con él. Pero el mayor desafío para las democracias occidentales seguirá siendo el mismo: si aún poseen la claridad —y el valor— para defender a las sociedades libres, no solo de sus enemigos en el extranjero, sino también de las ideologías que buscan socavarlas desde dentro.

Si la red de grupos armados iraníes finalmente colapsara, una de las campañas ideológicas más ruidosas del mundo podría desvanecerse con ella. Pero el desafío más profundo persistirá: si las sociedades occidentales aún poseen la confianza para defender sus propios valores.

Porque si una civilización no puede distinguir entre la libertad y las fuerzas que buscan destruirla, la historia sugiere que no permanecerá libre por mucho tiempo.

*Especialista en finanzas, participa activamente en la diplomacia pública a favor de Israel.
Fuente: The Times of Israel.
Traducción Sami Rozenbaum, Nuevo Mundo Israelita.