Como enviada de la ONU, fui testigo de la obsesión antiisraelí de mis colegas

La exrelatora especial sobre torturas afirma que, al no reconocer plenamente los horrores del 7 de octubre, el organismo ha abandonado su neutralidad

Alice Jill Edwards*

Los impactos de bala que salpicaban todas las paredes daban un testimonio sombrío del ataque. Pero lo que más me impactó fueron las balas que habían destrozado electrodomésticos cotidianos, como el horno microondas o el refrigerador. Sentí un nudo en el estómago mientras las desesperadas madres de dos jóvenes tomadas como rehenes me guiaban a través de los cristales rotos y los escombros de las modestas viviendas de una sola planta donde vivían sus hijas.

Intenté recordarme a mí misma que debía evitar dejarme llevar demasiado por las emociones. Al fin y al cabo, yo era una observadora neutral, el papel que se supone debe desempeñar todo relator especial de las Naciones Unidas. Sin embargo, el sufrimiento de estas madres me hizo comprender que debemos considerar la toma de rehenes como una forma de tortura. No solo es probable que las propias víctimas sufrieran abusos sexuales, privación de alimentos, encadenamiento o confinamiento en túneles oscuros, sino que —al esperar angustiosamente conocer el destino de sus hijas e imaginar lo peor— los padres, madres y hermanos de los rehenes también resultaron ser víctimas de tortura sicológica.

Alice Jill Edwards (Foto: The Telegraph)

Todo Kfar Aza, kibutz situado a unos tres kilómetros de la Franja de Gaza, era una espantosa escena del crimen. Habían pasado 14 meses desde que 251 hombres, mujeres y niños fueron tomados como rehenes en el sur de Israel. En este kibutz, más de una cuarta parte de los habitantes había muerto o habían sido capturados.

Fue un acto de valentía por parte de las madres, Mandy Damari y Simona Steinbrecher, permitirme ver los hogares destruidos de sus hijas, Emily y Doron. Después de todo, la ONU —organismo al que yo representaba a ojos de los demás— había hecho muy poco por ayudarlas. Incluso había agravado su angustia al negarse, durante tanto tiempo, a reconocer que los atacantes del 7 de octubre de 2023 no solo cometieron asesinatos, sino también agresiones sexuales, violaciones y otros actos de violencia atroz.

Sentí vergüenza. Sigo indignada por el hecho de que Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, y Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, nunca documentaran formalmente estos horrores, a pesar de la creciente cantidad de pruebas que, para la mayoría de nosotros, resultan indiscutibles, pero que ellas cuestionan (Alsalem ha señalado que su incapacidad para investigar más a fondo se debe a que Israel le ha denegado la entrada y el acceso). En lugar de eso, ambas han seguido publicando una serie de informes —que a mi juicio son parciales y virulentos—, además de ofrecer excusas difíciles de justificar por su falta de atención. Según me han contado las familias y los rehenes que regresaron, esto no hace más que aumentar su angustia.

Mis colegas no dijeron nada, ni siquiera cuando los captores de Hamás difundieron en internet vídeos con subtítulos en hebreo que mostraban a los cautivos en situaciones aterradoras. En uno de ellos, un rehén demacrado cavaba lo que, según decía él mismo en hebreo, era su propia tumba. Se trataba de una forma de maltrato hacia las familias de los rehenes, con el fin de que presionaran a las autoridades israelíes para que cedieran ante las exigencias de Hamás. Eso también constituye una forma de tortura.

Incluso después de que los rehenes fueran liberados, Albanese y Alsalem no han dado ninguna relevancia a sus relatos de primera mano sobre las torturas y privaciones que sufrieron.

Mis colegas no dijeron nada, ni siquiera cuando los captores de Hamás difundieron en internet vídeos con subtítulos en hebreo que mostraban a los cautivos en situaciones aterradoras. En uno de ellos, un rehén demacrado cavaba lo que, según decía él mismo en hebreo, era su propia tumba. Se trataba de una forma de maltrato hacia las familias de los rehenes, con el fin de que presionaran a las autoridades israelíes para que cedieran ante las exigencias de Hamás. Eso también constituye una forma de tortura

Mi función como relatora especial sobre la tortura —cargo que ocupé hasta principios de este año— consistía en analizar ambas posturas y apoyar a las víctimas, independientemente de quiénes fueran. Durante muchos años, en mi anterior labor como asesora jurídica principal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, estuve, en cierto modo, en el «otro bando»: protegiendo a los palestinos frente a la discriminación y escuchando denuncias sobre violaciones cometidas por Israel. Redacté la postura de la ONU respecto a los refugiados palestinos, y defendí dicha posición ante el tribunal europeo de mayor instancia. Este año publiqué un segundo informe detallado sobre el maltrato a los prisioneros recluidos en cárceles israelíes.

Sin embargo, considero firmemente que, durante la guerra entre Gaza e Israel, la ONU no se ha hecho ningún favor al centrarse obsesivamente en un solo tipo de abusos; sobre todo porque la neutralidad, la independencia y la imparcialidad son los pilares fundamentales de una ONU digna de confianza.

Cuando publiqué un informe sobre lo ocurrido en los kibutzim el 7 de octubre —incluida la masacre de más de 370 jóvenes que asistían a un festival de música—, solo otro relator especial tuvo el valor de firmarlo. Los demás se negaron a hacerlo, y algunos incluso intentaron que se suprimiera parte del contenido de mi informe.

Me complace señalar que logré un resultado importante, derivado en gran medida de mi visita a los kibutzim: conseguí que la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución que exige a los Estados clasificar la toma de rehenes como una forma de tortura.

Cuando publiqué un informe sobre lo ocurrido en los kibutzim el 7 de octubre —incluida la masacre de más de 370 jóvenes que asistían a un festival de música—, solo otro relator especial tuvo el valor de firmarlo. Los demás se negaron a hacerlo, y algunos incluso intentaron que se suprimiera parte del contenido de mi informe

No obstante, al igual que ocurrió con otros muchos aspectos del cargo que he desempeñado durante los últimos cuatro años, no fue una tarea sencilla. En un mundo cada vez más polarizado, los relatores especiales se enfrentan a un trabajo arduo. Muchos de ellos realizan una labor excelente; sin embargo, son objeto de críticas desde todo el espectro político, tanto en el entorno digital como en foros públicos. He recibido numerosos ataques por parte de gobiernos, y existe una lista de países a los que, por el simple hecho de haber ejercido este cargo, ya no me atrevería a viajar por temor a ser detenida.

La función de relator especial de la ONU, un cargo no remunerado, también deja mucho margen para los abusos. En primer lugar, los fondos asignados a cada relator para llevar a cabo sus investigaciones son mínimos; además, a medida que se crean más puestos de este tipo, la cantidad disponible por relator disminuye aún más. Esto plantea un problema grave, ya que obliga a depender de testimonios de segunda mano proporcionados por organizaciones no gubernamentales. En mi caso, esto ha significado que, sencillamente, no podemos atender todas las denuncias que recibimos por correo electrónico o mediante cartas manuscritas. Actualmente, hay más de 2000 denuncias que permanecen archivadas sin procesar.

Solo se me asignó presupuesto para un asistente, y fondos suficientes para realizar una única misión de investigación en el extranjero al año. Tuve que financiar personalmente mi viaje a Israel y Palestina. Otro aspecto muy propenso al abuso es la posibilidad de que un país, o un grupo de países, proporcione fondos a relatores específicos; esto podría constituir contribuciones bienintencionadas o, por el contrario, intentos maliciosos de ejercer influencia indebida. Como mínimo, esta situación ha expuesto a algunos relatores a acusaciones de estar bajo influencia política.

También he hablado con abogados de víctimas a quienes les preocupa compartir información confidencial con relatores que reciben financiación, precisamente, de los gobiernos señalados como presuntos autores de los abusos. A mi juicio, las donaciones deberían destinarse a un presupuesto central común para todos los relatores y distribuirse de manera equitativa.

“Intenté recordarme a mí misma que debía evitar dejarme llevar demasiado por las emociones”. Edwards en el kibutz Kfar Aza
(Foto: Reuters)

Sin embargo, a pesar de estos y otros muchos problemas, parece haber poco interés en reformar el sistema; ni siquiera por parte del secretario general de la ONU, António Guterres (quien, dicho sea de paso, fue mi jefe cuando ocupaba el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). En una entrevista reciente, afirmó que los relatores son independientes y que, por tanto, «muchos no están bajo control».

La independencia constituye, al mismo tiempo, la fortaleza y la vulnerabilidad de estos cargos; pero cuando se utiliza indebidamente para promover agendas políticas de forma dogmática, la ONU, en su conjunto, se debilita.

En la actualidad, la carrera por ocupar la Secretaría General de la ONU está cobrando intensidad, lo que brinda una oportunidad para abordar algunos de estos problemas. Dado que hoy existen más guerras que en cualquier otro momento desde la fundación de la organización en 1945, el próximo secretario general deberá adoptar un papel más decidido y hacer un mayor uso de las facultades que tiene a su disposición. En mi opinión, Guterres no ha logrado cumplir el mandato original de la ONU: intervenir de manera eficaz y justa como mediador para mitigar los conflictos internacionales.

Si bien no se le puede atribuir a él la responsabilidad de las guerras actuales, resulta decepcionante que haya adoptado una postura más bien fatalista, como si su única capacidad de acción se limitara a convocar reuniones.

El proceso para suceder a Guterres tampoco está exento de fallos. Para ser elegido como próximo secretario general, los candidatos deben mantener un delicado equilibrio que evite molestar a Estados Unidos, China o Rusia. Sin embargo, es precisamente Rusia quien ha provocado el punto más bajo en los 80 años de historia de la ONU al invadir Ucrania, contraviniendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas (no debería pasar inadvertido que aquí hay una lección histórica: uno de los golpes fatales para la Sociedad de las Naciones fue la invasión de Finlandia por parte de la Unión Soviética, lo que condujo a la expulsión de la URSS).

A menudo me pregunto qué diría mi abuelo —quien luchó en la Segunda Guerra Mundial pero nunca quiso hablar sobre el trauma que le dejó— si hoy siguiera vivo: ¿qué pensaría de la ONU y de si esta debería seguir existiendo? Tendría motivos de sobra para estar muy preocupado

Me ha conmocionado el alcance y la naturaleza de la tortura ejercida por las fuerzas de seguridad rusas contra soldados ucranianos capturados, así como contra numerosos civiles en el este de Ucrania bajo ocupación rusa, de quienes los rusos sospechan que podrían ser espías u opositores. Algunos, liberados en intercambios ocasionales de prisioneros, me han explicado cómo funciona su sistema de tortura: primero interviene un supervisor, luego un interrogador y, finalmente, un torturador específico; se trata de un mecanismo de abuso orquestado, destinado a obtener información o a infundir miedo en las zonas ocupadas.

A menudo me pregunto qué diría mi abuelo —quien luchó en la Segunda Guerra Mundial pero nunca quiso hablar sobre el trauma que le dejó— si hoy siguiera vivo: ¿qué pensaría de la ONU y de si esta debería seguir existiendo? Tendría motivos de sobra para estar muy preocupado.

No obstante, a pesar de todas las frustraciones y de los ocasionales intentos de intimidarme para que guardara silencio, mi labor en la lucha contra la tortura ha resultado, en ciertos momentos, profundamente gratificante. He reunido a víctimas de tortura, procedentes de diversos conflictos u operaciones de seguridad, en conferencias donde elaboramos una «carta de los supervivientes», redactada en gran medida por las propias víctimas. Por primera vez cobra fuerza la idea de que las normas del derecho internacional deben ser implementadas por —y junto con— aquellas personas que más directamente se ven afectadas por ellas.

Quizá el momento que más me ha conmovido fue cuando Shireen Khudeeda, una joven yazidí que sobrevivió al cautiverio, la esclavitud sexual y los abusos a manos de ISIS en Iraq y Siria, me contó que había obtenido una beca para estudiar y que había aprobado sus exámenes. Ella logró sobrevivir, salir adelante y, hoy en día, trabaja de manera constructiva contra la tortura en su propio país. Una victoria pequeña pero significativa para la humanidad en un mundo asediado por el abuso de poder, incluso por parte de quienes —como la ONU— deberían actuar para evitarlo.

*Alice Jill Edwards fue Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes entre agosto de 2022 y julio de 2026. Relatado a Paul Martin, fundador de Conflict and Peace Reporting.
Fuente: The Telegraph.
Traducción Sami Rozenbaum, Nuevo Mundo Israelita.