H ace unos días, el ejército israelí detonó un túnel que, desde Gaza, se internaba en Israel. Uno de sus portavoces, Avijay Adraee, explicó: “La explosión ocurrió en territorio israelí. La mayoría de los muertos eran militantes que ingresaron al túnel tras el estallido”.

El túnel estaba siendo construido por el grupo terrorista Yijad Islámica; corría desde la ciudad de Khan Younis en Gaza, cruzaba la frontera y se acercaba a unos dos kilómetros del kibutz Kissufim. Con desparpajo, su líder, Jaled al-Batsh, informó que el objetivo era secuestrar a soldados israelíes.

El gobierno de la Autoridad Palestina, encabezado por Rami Hamdala, enfatizó que la comunidad internacional debe tomar medidas para obligar a Israel a cesar sus ataques. Peor aún, la facción al-Fatah de Mahmud Abbas, aparente socio para negociar la paz, pronunció una declaración condenando “el crimen israelí contra nuestro pueblo en Gaza”.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Bahram Qassemi, afirmó: “El régimen sangriento de Israel es delirante al suponer que al matar a la juventud palestina podrá garantizar su seguridad”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar emitió un comunicado en el cual “repudia el bombardeo israelí de Gaza, en el que varios palestinos fueron martirizados”.

Para colmo, en el marco de un congreso de las comunidades palestinas de América Latina que se realizaba en Chile, los principales dirigentes palestinos de la región, en una muestra más de su radicalización, trasmitieron un manifiesto acusando “el ataque israelí que dejó sin vida a siete palestinos”. En esa declaración omitieron el hecho de que la muerte de los extremistas se produjo dentro de un túnel excavado en Israel, con fines terroristas.