Mientras Nisman trató de desentrañar lo ocurrido, hacer justicia y evitar la concreción de una conspiración que se cernía sobre su país, e incluso sobre nuestra región continental, por estos mismos días los noticieros informaron de la muerte de un personaje siniestro, el ayatola Akbar Hashemi Rafsanjani, también vinculado al caso AMIA, inculpado por la planificación del acto terrorista. Rafsanjani era presidente de la teocracia iraní en momentos de los dos embates con bomba: contra la embajada de Israel en Buenos Aires y contra la mutual judía. El rol de Rafsanjani fue investigado y, pese a tener evidencias para ello, no fue juzgado. En 2007, Interpol ratificó las decisiones de la justicia argentina, acusó formalmente a las autoridades iraníes y a Hezbolá por el ataque a la AMIA, y pidió la detención de seis iraníes más un libanés. Los fiscales argentinos imputaron a Rafsanjani, pero Interpol no le dictó circular roja por un asunto práctico: lo consideraron “moderado”.

Lo irónico es que, pese a la cantidad de delitos que a nivel internacional pesaban sobre Rafsanjani, murió tranquilo, en la vejez. Paradójicamente, Nisman, intentando desenmascarar la verdad, fue ultimado.

Tras la reciente orden de la Sala I de Casación Penal de reabrir la denuncia por pretender encubrir a Irán en la causa AMIA (apertura sostenida por las pruebas que lograron rescatar de la contaminada escena del crimen), ya no hay dudas de que el perseverante fiscal fue asesinado. Cabe preguntarnos: ¿A quiénes benefició la muerte de Nisman?