Ron Kampeas*
Más de 100 víctimas de las masacres de Hamás en Israel del 7 de octubre están demandando a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y sus descendientes, denunciando que lavó dinero para el grupo terrorista. Esta es la última de una serie de demandas presentadas contra esa organización en tribunales de EEUU desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás.
La demanda, presentada el lunes 24 de junio en un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York, alega que la UNRWA ayudó a Hamás, incluso en la construcción de la infraestructura que requería para iniciar la guerra, subsidió al grupo terrorista pagando a sus activistas como empleados, y trasmitiendo propaganda de Hamás a través de sus escuelas.
«El terrorista que me mantuvo como rehén durante 53 días trabajaba como profesor en la UNRWA», contó Ditza Heiman, una de las rehenes, en un comunicado. «El hecho de que Hamás controle Gaza no es excusa para que la UNRWA contrate y financie a los terroristas; más bien debería haber tomado precauciones al respecto».
La UNRWA no respondió a las solicitudes de comentarios. Sus portavoces han acusado previamente al gobierno de Israel y a sus aliados de intentar desmantelar la agencia, como medio de presionar a los palestinos y disminuir las reclamaciones palestinas.
Manifestación llevada a cabo el pasado 15 de junio en Tel Aviv, para exigir al gobierno israelí que llegue a un acuerdo de liberación de rehenes con Hamás
(Foto: Maariv)
Sin embargo, cabe destacar que los demandantes en este caso incluyen familias que han sido muy críticas con la forma en que el primer ministro Benjamín Netanyahu ha manejado la guerra y las negociaciones por los rehenes mantenidos en cautiverio por Hamás. «No hay dolor en el mundo que se compare a enterrar a tus hijos y nietos que fueron asesinados en su propia casa», dijeron Gadi y Reuma Kadem, cuyos hijos y nietos fueron masacrados el 7 de octubre, y que sostuvieron un altercado con derechistas israelíes en una reciente protesta contra el gobierno. «Todos los financiadores de Hamás —la UNRWA y sus directores son actores principales— son absolutamente cómplices en el asesinato de mi familia”.
Los litigantes están representados por MM-Law, un grupo que durante años ha demandado, a menudo con éxito, a instituciones acusadas de beneficiarse del terrorismo, la tortura, el genocidio y otros abusos de derechos humanos.
Sobrevivientes del 7 de octubre han iniciado múltiples procesos contra organizaciones estadounidenses e internacionales que se alega han obtenido beneficios de los ataques o han coludido con grupos terroristas. En enero 67 personas, incluidos algunos ex rehenes y otras que resultaron heridas el 7 de octubre, presentaron una demanda federal contra Irán, acusándolo de planificar el ataque.
Una acción legal federal presentada en Florida en febrero acusa a la agencia de noticias Associated Press de pagar por fotos tomadas por reporteros que conocían de antemano los planes del ataque. AP señala que la demanda carece de fundamento, y que no hay evidencia de que los fotógrafos independientes tuvieran conocimiento previo de los ataques.
Una demanda separada, presentada en mayo en el estado de Virginia, alega que las organizaciones American Muslims for Palestine y National Students for Justice in Palestine son propagandistas de Hamás. AMP alega que la demanda carece de fundamento y es un intento de desviar la atención de las acciones de represalia de Israel en Gaza.
También el mes pasado, víctimas del 7 de octubre presentaron una demanda federal en Delaware contra UNRWA-USA, ONG que recauda fondos para la UNRWA. UNRWA-USA ha dicho que el litigio no tiene como objetivo ganar en los tribunales, sino agotar los recursos de los grupos que brindan asistencia a los palestinos.
«El hecho de que Hamás controle Gaza no es excusa para que la UNRWA contrate y financie a los terroristas; más bien debería haber tomado precauciones al respecto»
En la década de 1980, varios grupos de derechos humanos recurrieron a estatutos centenarios para demandar a instituciones con sede en Estados Unidos o con vínculos estadounidenses que estuvieran relacionadas con organizaciones terroristas y violadoras de derechos humanos, como un medio de reparación por actos que el gobierno de EEUU no podía perseguir, o no quería hacerlo por razones diplomáticas. Algunos de los primeros objetivos fueron autócratas latinoamericanos que tenían dinero en Estados Unidos y eran aliados de la administración de Ronald Reagan.
En la década de 2000, las víctimas del terrorismo palestino durante la segunda intifada utilizaron esta estrategia, obteniendo éxitos mixtos. En un caso emblemático, que tardó más de una década en llegar a los tribunales, un jurado dictaminó que el Arab Bank debía pagar compensaciones a cientos de víctimas del terrorismo en Israel; aunque el veredicto fue posteriormente anulado, algunos pagos se realizaron.
En otro caso dramático, un tribunal de Estados Unidos dictaminó en 2017 que Irán y Siria debían pagar casi 180 millones de dólares a la familia de un bebé estadounidense-israelí asesinado en un ataque terrorista de Hamás ocurrido en 2014 en Jerusalén.
Nitsana Darshan-Leitner, abogada que lidera el centro legal israelí Shurat HaDin, fue fundamental en ese caso y en otros. En diciembre, Darshan-Leitner informó que estaba trabajando con demandantes estadounidenses en una posible acción legal contra Corea del Norte, por presuntamente suministrar armas en forma indirecta a Hamás.
*Jefe de la oficina de Washington, DC de la Agencia Telegráfica Judía (JTA).
Fuente: The Jerusalem Post.
Versión NMI.
