“Sistemas políticos”, por Miguel Truzman

No pretendemos en estas cortas líneas hacer una tesis de un tema tan complejo y con tantas aristas, pero en principio pudiéramos decir que un “sistema político” es la forma organizada que tiene un Estado para el ejercicio del poder público.

Ese ejercicio del poder público se puede desarrollar a través de regímenes que pudiéramos dividir en dos grandes bloques: las democracias, que a su vez pueden ser presidencialistas o parlamentarias, y los regímenes autoritarios como las monarquías o las dictaduras.

Una máxima que siempre se repite es que la democracia es el menos malo de los regímenes de gobierno, y que aun cuando tiene muchas falencias, es perfectible con el tiempo. De democracias podemos poner como ejemplo a la inmensa mayoría de países latinoamericanos, con excepción de Cuba y Nicaragua.

Como autocracia, creo que el ejemplo más visible es el de Arabia Saudita, aun cuando es un régimen muy común en los países de la Península Arábiga.

España es una democracia que se organiza bajo la figura de Monarquía Parlamentaria; tiene un rey que es el representante del Estado, pero el poder real lo ejerce el presidente, quien es elegido por el Parlamento al contar con la mitad más uno de sus escaños. En el caso de España, para formar gobierno se necesitan 176 de los 350 escaños.

Israel es el típico ejemplo de una democracia parlamentaria: tiene un presidente, quien es el representante de la nación, pero el ejercicio fáctico del poder lo desarrolla el primer ministro, quien es designado por el presidente cuando logra demostrar una mayoría en el Parlamento (Knesset) de 61 escaños sobre los 120 que lo conforman.

Como vemos, en la actualidad tanto en Israel como en España se vienen produciendo circunstancias en las que voy a detenerme para analizar y plantear algunas propuestas.

Depositando mi voto en las pasadas elecciones españolas

Empezando por España, su situación actual, derivada de las elecciones generales efectuadas el 23 de julio pasado, son extremadamente delicadas, debido a que aun habiendo ganado el Partido Popular (PP), adjudicándose 137 escaños que sumados a los del Partido Vox (33 escaños), suman 170, no son suficientes para alcanzar los 176 escaños necesarios, por lo que se podría dar la irrazonable situación que el Partido Socialista Obrero Español(PSOE), con 121 escaños, asumiera el gobierno si lograra anexionar a su fórmula partidos que, sumados los escaños obtenidos, llegarían a alcanzar los 176 escaños requeridos.

Ahora bien, en el caso puntual de España estamos hablando de partidos que tienen como objetivo la separación del Reino de España para formar su propia República, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco (PNV) o el Partido de Junts Per Catalunya de Carles Puigdemont, a quien el Tribunal General de la Unión Europea le retiró la inmunidad diplomática y actualmente tiene orden de aprehensión.

En este escenario, me pregunto ¿el rey de España le confiaría un nuevo mandato a Pedro Sánchez con alianzas como las mencionadas, que pudieran significar la fractura del territorio español? Y aún más: ¿las fuerzas armadas de España, que tienen entre sus obligaciones legales y constitucionales garantizar la soberanía y la integridad territorial, tanto externa como interna de España, permitirán que se le dé vía libre a una situaciónque puede acabar no solo con su integridad territorial sino inclusive con su forma de gobierno? Son interrogantes válidas ante una perversa posibilidad.

¿No sería interesante que el rey de España, en casos específicos, pudiera a través del principio de razonabilidad, evitar ante un eminente peligro para su nación, pudiera impedir la adjudicación de un mandato en estas circunstancias?

Girando en el globo terráqueo vamos al Medio Oriente, específicamente hacia Israel, donde al igual que España la búsqueda de coaliciones entre los sectores más extremos de los factores políticos se complementan para alcanzar el poder, en este caso 61 escaños de 120 posibles, lo que ha producido, sin duda, una crisis en la sociedad por la discusión de temas centrales como la reforma judicial, lo que ha derivado en manifestaciones nunca vistas en 75 años de existencia del Estado.

Definitivamente, el primer ministro, que tiene mayoría en la Knesset, es decir, domina dos ramas del poder público, no debería, en circunstancias normales en una democracia, anular por mayoría simple del Parlamento una sentencia de la Corte Suprema de Justicia; eso no puede ser democrático, es más, el Parlamento nunca lo podría hacer en un estado de derecho formal, pero en el peor de los casos se debería requerir al menos las dos terceras partes del Parlamento para poder dejar sin efecto o anular una decisión de la máxima instancia judicial.

Tampoco tiene sentido que la Corte Suprema de Justicia pueda anular un nombramiento del poder ejecutivo o un proyecto determinado, porque no le parece razonable.

El presidente de Israel debería tener la autoridad, igual que el rey en el caso de España, para tener la última palabra cuando estén en grave riesgo el sistema político y la seguridad de la nación.