L a nueva ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Susana Malcorra, recibió a los dirigentes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), máxima entidad de la kehilá de ese país, en un “constructivo” encuentro que abrió “una luz de esperanza” en cuanto a la definitiva resolución de los ataques terroristas que sufrieron la embajada de Israel y la sede de la mutual judía AMIA en la década de 1990.
“Quiero recalcar la excelente predisposición de la canciller”, destacó el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban. “Claramente se está reformulando la dirección hacia donde se estaba yendo hasta hace poco tiempo”, cuando el kirchnerismo estaba en el poder.
Pocos días antes, un tribunal argentino dejó en firme un fallo que declaró la inconstitucionalidad del acuerdo firmado con Irán para investigar el atentado terrorista contra la AMIA, en el que murieron 85 personas en 1994.
La Cámara Federal de Casación Penal aceptó un recurso presentado por el gobierno de Mauricio Macri, para desistir de apelar el fallo que en mayo de 2014 había declarado nulo el memorando firmado con Irán durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Rechazado por la comunidad judía y la oposición política, el memorando preveía la revisión de todos los documentos de la investigación del atentado a la AMIA, por el que están acusados ocho iraníes, y la creación de una comisión integrada por cinco juristas internacionales que elegirían ambos países. Cabe señalar que este memorando nunca fue ratificado en Irán tras su firma, por lo que no llegó a entrar en vigencia.
El acuerdo con Irán era el eje de la denuncia que en enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto, presentó Alberto Nisman, juez a cargo de la investigación del atentando a la AMIA, contra la entonces presidenta Kirchner. En su denuncia, Nisman alegó que el pacto era parte de una trama para encubrir a los acusados.
Por si fuera poco, en un audio del año 2012 recién difundido por la emisora Radio Mitre de Buenos Aires, el ex canciller Héctor Timerman reconocía ante el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, y otros dirigentes de esa entidad y de la DAIA, que los iraníes fueron los culpables de la destrucción de la sede de la mutual judía.