Lo diré claramente: La nacionalidad portuguesa para descendientes de los sefarditas llegará a su fin el próximo 31 de agosto
Elías Bendahán Hamu*
El Gobierno de Portugal aprobó el 23 de diciembre de 2021 el decreto ley 26/2022, que se publicó el 18 de marzo de este año en el Diario de la República, en el cual introdujo una modificación radical, incluso podríamos hablar de inconstitucional, en la ley que regula la nacionalidad portuguesa para sefarditas. Concretamente, se ha modificado el articulo 24-A del Reglamento de Nacionalidad, introduciendo el nuevo apartado d) en el artículo 3.
Analicemos un poco la historia: El 23 de julio del año 2020, el parlamento portugués aprobó la Ley Orgánica 2/2020 (publicada en noviembre de ese año), que introducía importantes modificaciones en la ley de nacionalidad portuguesa, todas para beneficiar a cientos de miles de interesados, sean hijos de portugueses, cónyuges, residentes, etc. y, en ese momento, se decidió no tocar el articulado que se refería a la nacionalidad para los sefarditas, sino remitir a que el gobierno regule el concepto de vinculación con Portugal, muy solicitado por la prensa antisemita y la izquierda de ese país.
Durante este año y medio, se han estado barajando diferentes posibilidades: un período de residencia, otros hablaban de inversiones, viajes, posesión o alquiler de inmuebles, apertura de negocios, cuentas bancarias, idioma portugués, cursos de historia, pertenencia a clubes, etc., y así diferentes ideas, con cierta lógica, para intentar definir el concepto de vinculación con Portugal y exigir a los nuevos solicitantes alguno de esos requisitos.
En diciembre de 2021, el gobierno (en funciones, y con elecciones en apenas unas semanas), envió a las comunidades judías de Oporto y Lisboa un borrador (al cual tuve acceso), donde se proponía una modificación simple que afectaba únicamente a los requisitos que las comunidades judías tendrían que exigir a los solicitantes del certificado del origen sefardí, pero en nada a la solicitud que se hacía al ministerio, que continuaba exactamente igual.
Sorpresivamente, y contra todo pronóstico, el gobierno ha optado por introducir un requisito adicional a las solicitudes que se hacen ante el Ministerio de Justicia, que, analizado de una forma objetiva, será absolutamente imposible de cumplir por ninguno de los solicitantes. Estos requisitos son dos: 1. Ser titular de algún tipo de HERENCIAS sobre bienes muebles o inmuebles en Portugal, o bien, 2. acreditar haber viajado a Portugal de forma regular a lo largo de la vida del solicitante. Puede parecer una broma de mal gusto, pero es toda una realidad.
Quiero señalar que el gobierno ha sido extremadamente hábil y “malicioso” al elegir estos dos requisitos, pues son totalmente imposibles de cumplir ni por uno solo de los aplicantes, ni ha dejado abierta la más mínima posibilidad de preparar o adecuarse a ellos: Es decir, o los tienes o no los tienes. Entonces, será fácil deducir que la voluntad clara del legislador ha sido cerrar la ley por la puerta de atrás.
Irónicamente, el decreto ley publicado dice que han sido oídas las comunidades judías de Porto y de Lisboa (jeje), pero solo es una excusa para justificar este atraco a la legalidad, puesto que en ningún momento se les presentó esta opción para debatirla.
He realizado consultas con diferentes abogados especializados en Derecho Constitucional en Portugal, y todos coinciden en que hay sólidas evidencias de que el gobierno se ha extralimitado en la redacción del reglamento, y no ha cumplido en esencia la función que el parlamento le encomendó, que es sencillamente definir cómo se aplica el concepto de vinculación con Portugal; y en su lugar impone unos conceptos extravagantes, con la única idea de acabar con estos procesos.
Es muy triste que una ley que en el año 2015 fue publicada con un preámbulo tan histórico y emotivo, finalice así, contra la unánime voluntad del Parlamento portugués de cuando fue aprobada. Estoy de acuerdo en que se hacía necesaria una matización y regulación de algunos aspectos de la ley, pero no de esta forma.
Urge en estos momentos que las asociaciones de derechos civiles y todos aquellos que en su día valientemente pelearon a favor de esta ley, ahora levanten contundentemente su voz contra esta injusta forma de terminar con ella (el anterior gobierno, cuando aprobó este decreto en diciembre, estaba en funciones, y a solo unas semanas de las elecciones generales que se celebraron en enero de 2022).
El nuevo gobierno, que se constituyó el mes pasado y encabezado por el primer ministro Antonio Costa, tiene ahora la oportunidad de enmendar este grave error contra la historia de Portugal.
*Empresario y columnista de opinión israelí.
Fuente: Aurora.
