OPINIÓN
Poderes en pugna
Pablo Sklarevich
E n 1998, durante su primer mandato, el primer ministro Benjamín Netanyahu firmó, con el entonces presidente de la Autoridad Palestina (AP), Yasser Arafat, el Acuerdo de Wye River, que requería la retirada del 13% del Área C (bajo el control político y militar israelí) de Cisjordania (Judea y Samaria).
Netanyahu probablemente creyó que los medios de comunicación, considerados críticos de sus políticas, se volcarían a su favor, o al menos tomarían una postura menos antagonista, pero no fue así. La derecha también lo abandonó. Eventualmente, la desaprobación de las políticas de Netanyahu por parte del Partido Laborista y en las propias filas del partido gobernante Likud, resultaron en un voto de desconfianza contra el gobierno que desató las elecciones generales de 1999. Finalmente, el primer ministro resultó derrotado en los comicios.
El imprudente acto de enfrentar a los poderes Legislativo y Judicial tal vez provoque un daño que perjudicará en última instancia a toda la sociedad
Desde entonces, Netanyahu ha comprendido que su suerte política está atada inexorablemente a la derecha nacionalista.
La reciente evacuación y demolición del asentamiento ilegal de Amona, construido en tierras privadas palestinas, por orden de la Corte Suprema de Justicia, ha empujado al partido religioso nacional Habait Hayehudí a promover la Ley de Regularización en la Knesset (Parlamento) para legalizar retroactivamente aproximadamente 2000 viviendas, que habrían sido construidas sin permisos y estarían en una situación similar. Netanyahu habría preferido que la ley se debatiera en la Cámara Legislativa después de la reunión que sostuvo con el presidente norteamericano, Donald Trump, el 15 de febrero en Washington. Sin embargo, se vio nuevamente arrastrado por la derecha más recalcitrante.
El fiscal general del Estado y asesor legal del gobierno, Avijai Mandelblit, ya advirtió que no defenderá el proyecto de ley en la Corte Suprema de Justicia. Probablemente, gran parte de los ciudadanos esperan que la Corte Suprema los rescate del trance. De cualquier manera, el imprudente acto de enfrentar a los poderes Legislativo y Judicial tal vez provoque un daño que perjudicará en última instancia a toda la sociedad.
Fuente: Aurora. Versión NMI.
