L a Segunda Guerra Mundial se diferencia del resto de los conflictos bélicos de la historia en que el agresor, el régimen nacional-socialista alemán, no solo se apoderó de los territorios y bienes de los países conquistados, sino que sometió a sus habitantes a horrores sin precedentes, al considerarlos simples objetos que podían utilizarse o descartarse a voluntad. Además, en paralelo a la guerra, los nazis desarrollaron la “solución final”, el programa concebido para exterminar a los judíos y su cultura hasta que no quedara rastro alguno.

Estos actos de barbarie fueron conociéndose desde que Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, y ya para 1942 las máximas autoridades aliadas disponían de información detallada sobre el Holocausto. En noviembre de 1943, cuando resultaba evidente que el Eje nazi-fascista perdería la guerra, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética publicaron la primera declaración en la que advertían que tras la derrota se perseguiría a los autores de las atrocidades “hasta los confines de la tierra, con el objetivo de hacer justicia”. Tal intención fue reiterada en las conferencias de Yalta y Potsdam de 1945, en las que el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el dictador soviético Josef Stalin definieron el perfil del mundo de la posguerra.

La indignación entre los líderes aliados era tan grande que en un principio Churchill propuso ejecutar sumariamente a los dirigentes nazis; Stalin, en su estilo tan característico, llegó más allá, al sugerir durante la Conferencia de Teherán de 1943 que se ejecutara al azar entre 50.000 y 100.000 militares alemanes.

Finalmente, el Departamento de Guerra de Estados Unidos creó un proyecto de proceso judicial internacional, del que no existían precedentes. Este proyecto fue aprobado por las tres grandes potencias más Francia, y tras la rendición alemana se fijaron la fecha y el lugar de su inicio: Núremberg, el 20 de noviembre de 1945.

Según la Carta de Londres, aprobada el 8 de agosto de 1945, el juicio principal se limitaría a los “principales criminales de guerra de los países del Eje en Europa” (los juicios contra los criminales de guerra japoneses se realizaron posteriormente en Tokio, y basaron sus procedimientos en los de Núremberg). La Carta también estableció que se buscaría castigar las violaciones a la ley internacional y a las normas de la guerra; esto último dejaba fuera del proceso los crímenes cometidos antes del 1º de septiembre de 1939.

La selección de la ciudad alemana de Núremberg obedeció a dos consideraciones fundamentales: contaba con una sede apropiada, el Palacio de Justicia, que había quedado intacto a pesar de los bombardeos y además contaba con una cárcel; y desde el punto de vista simbólico, en Núremberg se habían realizado las concentraciones más importantes del régimen hitleriano —allí se ubicaba la famosa y gigantesca plaza donde el Führer se dirigía a las masas—, por lo cual era un lugar apropiado para marcar el ignominioso fin de ese régimen.

El proceso introdujo acusaciones contra 24 criminales de guerra y siete organizaciones, entre las cuales se incluyó al Gabinete del Reich, las SS (ejército paramilitar responsable de la mayoría de las atrocidades), las SA (tropas de choque), la SD (agencia de inteligencia), la Gestapo (policía política), y el alto mando militar alemán. Las acusaciones fueron:

a) Conspirar para cometer crímenes contra la paz.

b) Crímenes contra la paz: planificar, iniciar y llevar a cabo guerras de agresión, violando tratados internacionales.

c) Crímenes de guerra: violación de las reglas de guerra preexistentes, lo que incluye el asesinato, maltrato o deportación de civiles para ejecutar trabajo esclavo, ejecución de rehenes, saqueo de propiedades; y

d) Crímenes contra la humanidad: exterminio, deportación y esclavización masiva de poblaciones civiles y otros tratos inhumanos, así como la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos.

La creación del Tribunal Militar Internacional no tenía antecedentes, como no los tenían los crímenes que debía sancionar. Algunos juristas calificaron los juicios como ilegales, una simple “venganza de los vencedores”; aducían que, en rigor, no podían castigarse delitos —como los crímenes contra la humanidad— que no estaban tipificados en el momento en que fueron cometidos. Sin embargo, en algún momento había que crear un sistema legal que permitiera abordar esos delitos, y las atrocidades del nazi-fascismo no podían dejarse sin castigo tan solo por tecnicismos.

Debe observarse que la Shoá como tal no fue considerada por el tribunal como un crimen separado; se asumía que el antisemitismo nazi estaba fundamentado en motivos utilitarios (beneficio económico, control político) y no que era un fin en sí mismo con raíces ideológicas, que es la noción contemporánea. Sin embargo, el tribunal utilizó más de 800 documentos y recibió el testimonio de una treintena de testigos sobre la “solución final”, incluyendo tanto perpetradores como víctimas, por lo que el asesinato masivo y sistemático de los judíos fue el tema que más destacó en el proceso.

Los fiscales de este primer juicio de Núremberg fueron Robert Jackson por Estados Unidos, Roman Rudenko por la URSS, Hartley Shawcross por el Reino Unido y François de Menthon por Francia.