Adolfo P. Salgueiro*
apsalgueiro1@gmail.com
Quienes me conocen, dentro y fuera de la comunidad, saben de mi compromiso existencial e inalienable con la causa del pueblo judío. En el año 2000 recibí de la AIV su máxima distinción periodística, el premio Moisés Sananes, que se otorga a quienes hayan contribuido al pluralismo y entendimiento entre la comunidad judía y el colectivo venezolano. Además, me honro con el hecho de que algunos árboles hayan sido sembrados a mi nombre en la tierra de Israel. Tal compromiso –como se ha dicho– es con la causa del pueblo judío y de su Estado, lo cual no significa la solidaridad automática con el gobierno, con cuyas acciones uno puede estar o no de acuerdo y expresar su opinión.
La aclaratoria precedente es apropiada, por cuanto hoy me permito expresar mi opinión respecto de la polémica ley básica aprobada recientemente por la Knesset, en la que se precisan en forma restrictiva los derechos cívicos de la población en términos que estimo discriminatorios. Hay que tomar en cuenta que la referida ley fue aprobada, luego de un muy extenso debate, por una escasa mayoría de votos (62 a 55) lo cual pone de manifiesto su carácter polémico, que justifica el interés en opinar por parte de aquellos que amamos al pueblo judío y respetamos decididamente el talante democrático que se vive en Israel.
Una sesión de la Knesset
En primer lugar, precediendo las consideraciones jurídicas, me permito afirmar que el contenido de la ley, tanto como la oportunidad de su promulgación, resultan inconvenientes en el actual momento político mundial, regional (Medio Oriente) y seguramente nacional. Justamente en las presentes circunstancias, cuando el Estado de Israel se encuentra en el cénit de su desarrollo democrático, político, social y científico, con el apoyo decidido de la administración actual de los EEUU y frente a un mundo árabe que ya exhibe fisuras, no parecía conveniente introducir un issue que sirve como anillo al dedo a quienes desean mal a Israel y que ya están aprovechando la cuestión para adelantar su campaña negativa. Esta opinión personal es compartida por amplios sectores encuestados, y además por el presidente del Estado, Reuven Rivlin, quien así lo ha hecho saber sin dobleces.
Sin caer en disquisiciones constitucionales para las que no me considero calificado, entiendo que en la Declaración de la Independencia de 1948 figura el párrafo: “Apelamos en medio del ataque emprendido contra nosotros desde hace meses a los habitantes árabes del pueblo de Israel para que conserven la paz y participen en la construcción del Estado, en las bases de ciudanía plena e igual y representación correspondiente en todas sus instituciones provisionales y permanentes”. De allí emana el orden jurídico que otorga a todos los habitantes los mismos derechos. Justamente el reconocimiento de la minoría árabe por parte de la mayoría judía ha sido y es la consagración del principio básico del pueblo judío, que siempre fue minoría, generalmente discriminada, en la accidentada historia de su diáspora. Nada hay más hermoso que comprobar –como lo comprobó in situ quien esto escribe– el respeto a los derechos de todos, su acceso a la salud pública, a los derechos cívicos, etc. ¿Qué necesidad hay ahora de dar motivo al mundo para que lo que es hermoso se malinterprete?
Israel es un Estado judío, ese es su derecho. Venezuela (al menos en teoría, aunque luzca insólito) es una República Bolivariana, lo cual también es su derecho aunque yo no apoye esa definición. Lo que no es derecho es establecer ciudadanías de primera y de segunda clase, porque tal cosa es contraria no solamente a los postulados de la fe judía sino al concepto universal de igualdad como derecho humano de todos los individuos. El pueblo judío se considera el elegido de Dios, lo cual es también su derecho, que se solventa dentro del marco de su religión que así lo considera. Tal concepto religioso no conlleva –en mi opinión– consecuencias de derechos cívicos o políticos para las personas que habitan el suelo de Israel que, como Estado, es inspirador, co-redactor, ratificador y cumplidor de los tratados y leyes de Derechos Humanos en una medida heroica, teniendo en cuenta las increíblemente difíciles circunstancias en las que se ha desenvuelto a lo largo de su existencia.
Estoy consciente de que la precedente opinión general puede no ser compartida por muchos de quienes son lectores de NMI, pero aun así he querido expresar lo que creo que constituye una manera leal y sin dobleces hacia una causa que apoyo desde hace ya muchas décadas.
*Internacionalista
