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Miles de personas manifestaron el miércoles en Jerusalén contra la reforma judicial del gobierno israelí, como parte de una jornada de intensas protestas en todo el país que por la mañana tuvieron epicentro en Tel Aviv, donde hubo choques con la Policía y una cuarentena de arrestados.
Los movilizados se juntaron por la tarde para protestar en varios puntos de la capital, entre ellos alrededor del Parlamento (Knesset), donde los diputados de la coalición impulsan más proyectos de ley de la reforma judicial, así como cerca del domicilio privado del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y su residencia oficial.
Según medios, se registraron ciertos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, mientras estos intentaban cruzar barreras policiales en el área del palacio presidencial en Jerusalén.
Los críticos de la reforma creen que esta socavaría los poderes de la Corte Suprema, debilitaría la separación de poderes y las bases democráticas formales de Israel, dando paso a un sistema con mayor peso del Ejecutivo, en el que este podría tomar decisiones o aprobar leyes casi sin supervisión o capacidad de intervención judicial.
Según alegan los detractores, el plan haría que Israel se dirija hacia un régimen de corte autocrático que se asemejaría a los de Hungría, Polonia o Turquía. El plan agrava aún más la polarización de la sociedad, donde el malestar crece y algunos analistas ya califican la situación de “crisis constitucional”.
Protesta contra la reforma judicial en el sector Azrieli de Tel Aviv (Foto: Maariv)
A su vez, la oposición a la reforma generó gran movilización en protestas que han sacado a la calle a cientos de miles de personas. Son las manifestaciones más masivas del país en décadas, apoyadas también por la mayoría de las fuerzas opositoras al gobierno de Netanyahu, el más derechista de la historia de Israel.
Durante el día de ayer, mientras los manifestantes proseguían una jornada de protestas que incluyó huelgas temporales en lugares de trabajo o escuelas, la coalición gubernamental seguía impulsando proyectos de ley relacionados con la reforma judicial en un pleno parlamentario donde este asunto fue el centro de los debates. Ya por la mañana, en una primera votación en el comité parlamentario de Constitución, Ley y Justicia, se había dado vía libre a un proyecto de ley relacionado con la llamada “cláusula de anulación”. Esta permitiría que una mayoría simple de diputados en el Parlamento pueda derogar dictámenes y fallos del Tribunal Supremo, lo que restaría mucho poder al principal organismo judicial israelí.
Según analistas, la Corte quedaría vacía de funciones y sin capacidad real para modificar o derogar legislaciones que considerara contrarias a las Leyes Básicas, un compendio de normas que en Israel —donde no existe una Constitución— tienen un tipo de rango constitucional.
Además, el Parlamento aprobó en votación preliminar un proyecto de ley que impediría que un dirigente con cargo de primer ministro sea declarado “no apto” para ejercer el poder, a menos que sea por incapacidad física o mental. Esta medida parece orientada a Netanyahu, quien enfrenta un juicio por cargos de corrupción, y en caso de ser condenado formalmente debería dimitir.
Recientemente hubo también un debate sobre si el jefe de gobierno entra o no en un conflicto de intereses al poder impulsar leyes o medidas sobre el Poder Judicial, mientras él mismo tiene cuentas pendientes con la justicia.
Con todo, el ambiente sigue caldeado, y en las protestas de ayer en Tel Aviv, cuando los manifestantes intentaban cortar una de las principales autopistas de la ciudad, la policía intervino usando gases lacrimógenos y bombas de estruendo, y desplegó caballería y tanques de agua como medidas de dispersión. Los agentes también arrestaron a unas 39 personas en relación a lo sucedido.
Netanyahu calificó a los manifestantes como “infractores»”, y el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, tachó de “anarquistas” a los participantes en las protestas. Más adelante, en una rueda de prensa, Netanyahu recalcó que no aceptará que los manifestantes crucen “líneas rojas”. “El derecho a manifestar es un valor fundamental de la democracia, pero no implica libertad para detener el país”, agregó.
Ante la situación actual, crecientes sectores de la sociedad y la clase política israelí instan al diálogo en torno a la reforma entre el gobierno y las fuerzas opositores, y desde hace semanas el presidente israelí, Isaac Herzog, llama a negociaciones entre las partes. “Estamos en un momento difícil de crisis interna”, advirtió Herzog, quien ha expresado su esperanza de que en vez de alcanzar “un abismo terrible” se llegue a “una solución con amplio acuerdo”.
