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La nueva ley aprobada por el Parlamento de Israel merece no pocas críticas, pero no convierte a Israel en Irán ni en un Estado apartheid. Destacar lo que está mal y resulta nocivo en la nueva ley no tiene que llevar a afirmaciones totalmente exageradas que no reflejan la realidad
Por primera vez en sus 70 años de historia, el Estado de Israel promulgó una ley que apunta a definir su identidad nacional, los atributos y símbolos de la misma. Se trata de la “Ley Básica: Israel Estado-nación del pueblo judío”.
Una ley de este tipo, que apunta a dejar grabada para la eternidad la definición misma de Israel como Estado del pueblo judío, debería haberse elaborado de modo que llegara a la votación como producto del consenso más amplio posible entre gobierno y coalición. Que una ley de contenido tan fundamental se convirtiera en una tormentosa polémica estaba de más.
En sus primeros incisos, la ley señala que Israel “es el hogar nacional del pueblo judío, en el que realiza su derecho natural, cultural, religioso e histórico a la autodeterminación”. Lo que muchos consideran una afirmación obvia desde la creación del Estado, no estaba incluido explícitamente en una ley fundamental, hasta ahora.
Según el primer ministro Benjamín Netanyahu, “en los últimos años ha habido quienes intentaron poner en duda que este es nuestro país”. Con ello cabe suponer que se refería también a voces entre los propios diputados árabes del Parlamento israelí, que han llamado a que Israel sea formalmente “Estado de todos sus ciudadanos”, lo cual borraría el carácter judío del país aunque es el único Estado judío del mundo.
Es oportuno recordar que según un estudio de hace algo menos de un año, del Instituto Centro de Investigación PEW, 43 países del mundo tienen una religión oficial (la mayoría de ellos musulmanes), mientras otros 40 tienen una actitud preferencial respecto a una religión, generalmente diferentes expresiones del cristianismo. La ley israelí, de todos modos, no habla de la religión del Estado, sino de la dimensión nacional del pueblo judío en su “tierra histórica”.
Especial polémica desató el inciso que recalca que el derecho de autodeterminación nacional es prerrogativa únicamente del pueblo judío. Consideramos que esto debe interpretarse como una aclaración implícita de que la minoría árabe, que asciende a un 20% de la ciudadanía de Israel, no puede proclamar un Estado nacional separado dentro de Israel o una autonomía nacional. Sin embargo, según la interpretación de la Unión Europea, el inciso en cuestión se refiere al bloqueo de una futura autodeterminación palestina en el marco de un acuerdo entre las partes.
La pantalla de la Knesset, mostrando el resultado de la votación
Volviendo a los árabes ciudadanos de Israel, este inciso no significa que vayan a ser discriminados como tales, sino que como colectivo no pueden recibir reconocimiento nacional dentro de Israel.
El primer ministro se refirió explícitamente en el Parlamento a “la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos”. Pero uno de los puntos más criticados de la ley es que igualdad no está mencionada en forma explícita.
“El problema no radica en lo que dice la ley, sino en lo que calla”, dice la jurista Suzie Navot, experta en derecho constitucional. “Está perfecto anclar en la ley el hecho que Israel es el Estado nación del pueblo judío, e incluso recalcar que el pueblo judío es el único que puede concretar en Israel su autodeterminación nacional. Pero no está bien que no aparezca explícitamente el principio de la igualdad ante la ley”.
Amir Fuchs, del Instituto Israelí de Democracia, dijo que “era necesario reiterar lo que ya está en la Declaración de Independencia y también en otras dos leyes fundamentales: la plena igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.
Justamente por tratarse una ley de peso constitucional, debería destacar las dos partes de la definición que siempre acompañó al Estado de Israel: no solo Estado judío sino también democrático.
Es oportuno recordar que 43 países del mundo tienen una religión oficial (la mayoría de ellos musulmanes), mientras otros 40 tienen una actitud preferencial respecto a una religión, generalmente diferentes expresiones del Cristianismo. La ley israelí, de todos modos, no habla de la religión del Estado
La nueva ley proclama varios atributos y símbolos del Estado, conocidos como tales desde hace décadas, pero anclados ahora formalmente en su cédula de identidad nacional: el nombre “Israel”, la descripción de su bandera y su emblema, y el hebreo como idioma oficial. Este último punto es uno de los que más polémica ha desatado, dado que el árabe ya no aparece, como hasta ahora, como otro idioma oficial, sino que se determina que el único idioma oficial es el hebreo y que el árabe gozará de una posición “especial” que será determinada por ley. Un inciso puntual aclara que ello no cambiará nada el lugar que el idioma árabe tenía hasta la promulgación de la ley. Entonces ¿para qué ofender gratuitamente a todos los ciudadanos de habla árabe? No se ganó absolutamente nada con ello.
En general se considera que la nueva ley es más que nada declarativa, y que no cambiará nada en la realidad de la vida diaria. Aunque era legítimo promulgar una ley sobre elementos básicos de la identidad nacional de Israel, la razón de fondo de la misma parece ser la competencia política entre el primer ministro Netanyahu y el jefe del partido Hogar Judío, Naftali Bennett, por quién aparece como mayor defensor de los valores nacionales de Israel.
Lo interesante y contradictorio es que esa contienda se haga con una ley que deja una sensación distinta de la realidad en el terreno. Antes de terminar 2015, el gobierno de Netanyahu aprobó un plan de presupuesto quinquenal para la minoría árabe por un monto de 15.000 millones de shékels (casi 4.000 millones de dólares), calificado con razón como “histórico” por la incidencia que tendría en la educación, infraestructuras, y la economía en general.
Por otro lado, la tensión política interna ha ido en aumento, por una combinación entre el tono radical de los diputados árabes en el Parlamento y el carácter nacionalista de la coalición. Esto sucede aunque en el terreno la situación de la ciudadanía árabe es cada vez mejor. Si bien hay desafíos pendientes, la minoría árabe ha obtenido grandes logros, y está presente en todas las áreas de actividad de la sociedad israelí, con un alto nivel de preparación académica, altísimo porcentaje de estudiantes en todas las universidades, y una marcada presencia de profesionales, por ejemplo en todos los hospitales de Israel.
La nueva ley crea innecesariamente una impresión distinta, arrojando un resultado nocivo y divisorio y una sensación de ofensa a las minorías no judías. Eso incluye también a los drusos, que hacen el servicio militar obligatorio y han sufrido numerosas bajas en la lucha por la defensa de Israel. Este jueves, los medios israelíes comentaron, sin dar nombres, que altos jerarcas de la Cancillería israelí criticaron en marcos cerrados la ley, recordando que hoy en día hay en el servicio exterior israelí más de 20 diplomáticos no judíos, tanto drusos como musulmanes, entre ellos incluso un embajador y dos viceembajadores.
Aun sin minimizar todos estos puntos, resulta increíble escuchar algunas de las reacciones de figuras palestinas a la nueva ley israelí, desde el ex negociador Saeb Erekat, diciendo que “formaliza el apartheid en Israel”, hasta Hanan Ashrawi, acusando como siempre a Israel de todos los crímenes del universo, y el portavoz de Hamás Fawzi Barhum, afirmando que Israel es un Estado racista y discriminador que quiere “eliminar a los palestinos”.
Los únicos que han intentado hacer una limpieza étnica en el territorio de lo que es desde hace 70 años el Estado de Israel, han sido los árabes, en varias guerras cuyo declarado objetivo fue la eliminación del Estado judío. No es cuestión de interpretación subjetiva, sino de declaraciones categóricas formuladas por diversos gobernantes y líderes árabes. Y formalmente sigue siendo también la aspiración de Hamás, la organización terrorista que usa a sus civiles para hacer terrorismo contra la población civil de Israel.
Sí, la ley nos parece criticable. Pero entre eso y un Estado apartheid hay años luz de distancia. Lo volvimos a ver hace algunos días, al hacer una serie de entrevistas en el hospital Barzilai de Ashkelon. Allí, el jefe del Servicio de Anestesiología, el médico uruguayo-israelí Pablo Boksenbojm, nos contó una fuerte vivencia de hace tan solo unas semanas, cuyo protagonista fue un palestino de 16 años miembro de Hamás, que tras tratar de violar la barrera fronteriza con Israel fue baleado por soldados israelíes para frenarlo, y llegó finalmente al hospital para que lo atendieran. El tratamiento inicial lo recibió de los paramédicos militares en el terreno. Cuando lo fueron a desvestir en el hospital para atenderlo debidamente, notaron que llevaba dos granadas en sus bolsillos, lo cual podría haber matado a varios miembros del equipo médico. Se llamó de inmediato a personal especializado para desactivar las granadas, y acto seguido se procedió a seguir atendiéndolo como si no hubiera pasado nada. El palestino fue operado cuatro veces, recibió 35 volúmenes de sangre y estuvo en rehabilitación durante aproximadamente tres semanas antes de que lo enviaran de regreso a Gaza. Y ni siquiera es seguro que la Autoridad Palestina pague por su tratamiento, ya que el individuo es de Hamas y las heridas se las causó Israel cuando intentó frenarlo. Nadie dudó, sin embargo, si atenderlo o no.
Minutos antes de escuchar el relato, en el corredor aledaño al quirófano se cruzaban médicos israelíes, mexicanos, un guatemalteco, un español y un palestino de Hebrón que se está especializando en el hospital.
Por más críticas que merezca la nueva ley –a nuestro criterio no por lo que dice, sino por lo que calla–, Israel sigue siendo un país libre que nada tiene que ver ni con el apartheid de la ex Sudáfrica ni con el régimen asesino de Irán.
*Internacionalista israelí
Fuente: radiojai.com
