Israel no tiene más remedio que luchar contra la nueva y permanente inquisición de la ONU contra él, y también contra cualquier empresa, gobierno o juez que utilice sus informes alejados de la realidad
Caroline Glick*
El mes pasado, una gran mayoría de los países miembros de la Asamblea General de la ONU votaron para financiar generosamente una inquisición permanente contra el Estado judío, al poner en funcionamiento una “comisión de investigación internacional independiente” contra Israel.
La comisión, dirigida por personas que odian abiertamente a Israel y tienen un largo historial de demonizar al país y a su pueblo, fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en una sesión especial en mayo. Su propósito es negar el derecho de Israel a existir, su derecho a la legítima defensa, su derecho a hacer cumplir sus leyes, y los derechos de sus ciudadanos a sus propiedades y a sus propias vidas.
La decisión del Consejo de formar esta nueva inquisición permanente constituye una escalada sin precedentes en la guerra política que las Naciones Unidas han estado librando contra Israel durante los últimos 50 años. Para comprender el peligro, es necesario entender cómo operan los enemigos de Israel en las Naciones Unidas y cómo trabajan sus socios en Europa y en el propio Israel.
Empecemos por las Naciones Unidas. En 2005, actuando bajo la presión de la administración Bush, el entonces secretario general Kofi Annan disolvió la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La principal queja de la administración Bush era que esa comisión era endémicamente antisemita. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue creado en 2006, y sus miembros y el personal de la ONU no perdieron tiempo en dejar en claro que pretendían que el nuevo Consejo fuera aún más antisemita que su predecesor.
Sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra
(Foto: panorama.ridh.org)
Poco después de establecerse, el CDH determinó que demonizar a Israel sería un tema permanente en su agenda. El “ítem número 7” es el único ítem permanente que trata sobre un país específico. Y al igual que los otros nueve puntos de la agenda permanente del Consejo, el ítem 7 se discute en cada sesión formal. Este ítem insta a debatir sobre las «violaciones de los derechos humanos y las implicaciones de la ocupación israelí de Palestina y otros territorios árabes ocupados».
Sin embargo, tener un ítem permanente en la agenda dedicado a demonizar específicamente a Israel no fue suficiente para satisfacer la obsesión de la CDH por atacar al Estado judío. Entonces, desde 2006, el Consejo ha convocado nueve sesiones especiales para expandir su enfoque de atacar a los judíos. Para tener una idea de cuán abrumador es su énfasis en Israel, en el mismo período el Consejo ha convocado solo 19 sesiones especiales para tratar todos los demás países del planeta.
El esquema del Consejo para demonizar a Israel ha sido consistente a lo largo de los años. Inmediatamente después de que finaliza cada campaña terrorista palestina contra Israel, Mahmud Abbas, jefe de la OLP que niega el Holocausto y patrocina el terrorismo, hace que sus representantes en la ONU soliciten una sesión especial para discutir los «crímenes de guerra» y los «crímenes contra la humanidad» que supuestamente Israel llevó a cabo en contra de los palestinos. Nadie menciona nunca que cada misil lanzado hacia Israel por el régimen terrorista de Hamás en Gaza constituye un crimen de guerra por sí mismo. Nadie menciona a Hamás en absoluto.
En poco tiempo, el Consejo accede a la solicitud de la OLP y convoca la sesión especial. En el momento justo, los representantes de las naciones miembros se levantan, acusan a Israel de genocidio, limpieza étnica, apartheid, operar una máquina de matar, atacar a los niños y cualquier otro crimen que se les ocurra. Luego, la mayoría de los miembros vota para formar una nueva «comisión de investigación», dirigida y atendida por investigadores «independientes», casi todos los cuales creen que Israel no tiene derecho a existir y que los judíos tienen demasiado poder.
Al final de su «investigación en profundidad», la Comisión emite un informe que determina que Israel llevó a cabo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Esto nos lleva al segundo brazo de la guerra política internacional contra Israel: Europa. Cada resolución del CDH para formar una comisión de investigación incluye un llamado a las organizaciones no gubernamentales y otras instancias para que presenten «testimonios» e «informes» que corroboren el libelo de sangre del Consejo, según el cual Israel cometió crímenes de guerra y es inherente e incurablemente malvado. ONGs registradas en Israel, en la Autoridad Palestina y en los países occidentales responden al llamado, y los informes finales emitidos por cada una de estas inquisiciones incluyen cientos de «testimonios» e informes presentados por estas ONG como prueba de la venalidad inherente de Israel.
El esquema del Consejo para demonizar a Israel ha sido consistente a lo largo de los años. Inmediatamente después de que finaliza cada campaña terrorista palestina contra Israel, Mahmud Abbas, jefe de la OLP que niega el Holocausto y patrocina el terrorismo, hace que sus representantes en la ONU soliciten una sesión especial para discutir los «crímenes de guerra» y los «crímenes contra la humanidad» que supuestamente Israel llevó a cabo en contra de los palestinos
Estas organizaciones no son actores independientes. Los gobiernos europeos las financian y dirigen sus operaciones. Si operaran en los Estados Unidos, casi todas las ONG involucradas en las cazas de brujas de la CDH contra Israel tendrían que registrarse como agentes extranjeros de los gobiernos europeos. Como dijo el diputado de la Knesset Amijai Chikli, «Europa está librando una guerra contra Israel».
La semana pasada, Chikli y la también parlamentaria Keti Shitrit tenían previsto celebrar una conferencia en la Knesset sobre la financiación europea de ONGs radicales. Pero en una señal del profundo compromiso de Europa con su guerra contra Israel y con su poder en Israel, la embajada de la UE ejerció una intensa presión sobre la secretaría y el presidente de la Knesset para cancelar esa conferencia. Al final, la conferencia fue cancelada en el último momento citando restricciones por el Covid-19, aunque las demás actividades de la Knesset continuaron desarrollándose sin obstáculos.
Los informes que publica el CDH al final de cada comisión de investigación falsa contra Israel forman la base de los diversos esfuerzos de boicot contra Israel que llevan a cabo los burócratas europeos. Por ejemplo, sobre la base de uno de esos informes, los Estados miembros dejaron de reconocer los certificados veterinarios israelíes relacionados con las exportaciones agrícolas de los judíos de Samaria.
Esto nos lleva al tercer brazo de la guerra política internacional contra Israel: el establecimiento legal progresista y de influencia europea en el propio Israel. El fin de semana pasado, Haaretz publicó una entrevista con el ex fiscal general y recientemente retirado juez de la Corte Suprema, Meni Mazuz. Entre líneas, Mazuz explicó los métodos del establecimiento legal para trasformar documentos anti-Israel de la ONU en «ley». Una parte importante de la entrevista se refirió a la campaña de Mazuz desde el estrado para bloquear las demoliciones militares de hogares de terroristas.
Como explica el profesor Avi Bell de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bar-Ilán, “la ley estipula explícitamente que es legal demoler las casas de los terroristas. Y hay decenas de decisiones de la Corte Suprema que aprueban órdenes de demolición, basadas en la ley”. Mazuz le dijo a Haaretz que durante muchos años, incluso durante su mandato como fiscal general, había «pensado que las demoliciones de casas eran un paso inmoral, en contravención de la ley, cuya eficacia era dudosa».
Mientras Mazuz se desempeñó como fiscal general, carecía de la autoridad para poner fin a la práctica. Como explicó, «no podría decirle al gobierno que está prohibido, cuando decenas de decisiones de la Corte Suprema dicen que está permitido».
Pero en el momento en que Mazuz fue designado juez de la Corte Suprema, comenzó a legislar sus opiniones políticas desde el estrado. Para fundamentar su posición con respecto a la demolición de hogares de terroristas, Mazuz dijo que para ello se basaba en «las posiciones de los juristas» en Israel y en el extranjero, y en las decisiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Las demoliciones nos causan daños internacionales”, dijo Mazuz. “¿Crees que estas cosas se quedan aquí? ¿Que no aparecen todos los años en los consejos de derechos humanos de Ginebra y en los foros internacionales?».
En otras palabras, Mazuz dejó en claro que, junto con varios de sus colegas, utilizó los informes generados por el CDH, obsesivamente antiisraelí, para justificar sus fallos, que negaban a Israel el derecho de actuar de acuerdo con la ley israelí de una manera que el gobierno debidamente elegido y el liderazgo debidamente constituido de las FDI consideraran necesaria en sus esfuerzos por sofocar el terrorismo palestino.
El mandato de la comisión de investigación es efectivamente ilimitado. La comisión está facultada para reescribir toda la historia del conflicto árabe con Israel, y determinar que el nacimiento de Israel fue un pecado original que debe desmontarse
Como explica Bell, aparte de una categoría limitada de resoluciones del Consejo de Seguridad, las acciones y decisiones de la ONU carecen de importancia en el derecho internacional. Las decisiones del CDH, como las de todos los demás órganos de la ONU, son documentos políticos sin ningún peso legal. Mazuz y sus colegas de la fraternidad legal explotan la ignorancia del público y la impotencia del gobierno y la Knesset para trasformar esos documentos políticos en «ley», a través de sus juicios y opiniones legales.
Y esto nos lleva a la inquisición permanente del CDH, cuyas operaciones una gran mayoría de los países miembros de la ONU apoyó para financiar en la Asamblea General.
Como explica la profesora Anne Bayefsky en un informe detallado publicado la semana pasada por el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén, el mandato de la comisión de investigación es efectivamente ilimitado. La comisión está facultada para reescribir toda la historia del conflicto árabe con Israel, y determinar que el nacimiento de Israel fue un pecado original que debe desmontarse. La comisión está facultada para llevar a cabo una «investigación» sobre la base de los «testimonios» que proporcionarán los grupos antiisraelíes financiados por la UE, que describirán «crímenes de guerra» fraudulentos que formarán la base de acusaciones contra los líderes electos israelíes, comandantes de las FDI y soldados de línea, y civiles israelíes que residen en Judea, Samaria y la Jerusalén unificada. Los «tribunales» políticos de la ONU, a su vez, acordarán juzgarlos por esos crímenes inventados.
Además, como señala Bayefsky, la comisión está encargada de hacer “recomendaciones sobre las medidas que deben tomar terceros Estados para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental… [para garantizar] que no ayuden ni asistan en la comisión de hechos internacionalmente ilícitos”. En el preámbulo de la resolución se hace una declaración similar con respecto a las «empresas comerciales».
El mensaje en ambos casos se explica por sí mismo. Los informes que publicará la inquisición servirán como base para que los burócratas gubernamentales y las empresas lleven a cabo boicots económicos contra Israel.
Israel no tiene más remedio que luchar contra esta comisión y cualquier empresa, gobierno o juez que utilice sus informes alejados de la realidad. Israel debe asegurarse de que la propaganda antisemita que emita la comisión no se convierta en «ley» a través de las acciones de jueces radicales y abogados del gobierno. E Israel debe aceptar el hecho de que la burocracia de la UE y gran parte de Europa están librando una guerra contra él, y lanzar un vigoroso contraataque.
*Columnista galardonada, autora del libro La solución israelí: un plan de un solo Estado para la paz en el Medio Oriente.
Fuente: Jewish News Syndicate (jns.org).
Traducción: Sami Rozenbaum / NMI.
