El lenguaje también enmarca la legitimidad. Si se percibe que Israel responde al terrorismo con una guerra a gran escala, se le puede acusar de extralimitación. Pero si se entiende que Israel libra una lucha defensiva y existencial contra un régimen hostil que invadió su territorio, asesinó y secuestró a sus ciudadanos y declara su intención de repetir el ataque, entonces la guerra —con todas las obligaciones y normas que conlleva— es la respuesta adecuada, y la victoria absoluta es un objetivo justificado
John Spencer y Solomon Moshkevich*
El 7 de octubre de 2023, combatientes de Hamás lanzaron desde Gaza uno de los ataques más brutales en suelo israelí desde la fundación del país: asesinaron civiles, tomaron rehenes y ocuparon territorio brevemente. La acción fue rápidamente calificada como «ataque terrorista», y Hamás, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos, fue retratada una vez más como un grupo de extremistas religiosos que operan al margen del sistema de Estados soberanos.
Este enfoque, aunque familiar, es erróneo. Crea percepciones falsas sobre la escala, la naturaleza y la clasificación legal del conflicto que enfrenta Israel. Y confunde tanto a los responsables políticos como al público sobre las normas que rigen este conflicto, las expectativas de respuesta y el verdadero significado de la proporcionalidad.
Es hora de dejar de llamar a Hamás simplemente una «organización terrorista». Este argumento, por supuesto, se escucha con mayor frecuencia por parte de quienes afirman que Hamás está compuesto por «luchadores por la libertad», y que el término «terrorista» es injustamente sesgado o incluso una señal de prejuicio racial. El argumento que presentamos aquí es muy diferente, y no moralista, sino legal y estratégico.
En 2018, mucho antes del ataque del 7 de octubre de 2023, militantes de Hamás desfilaron en la ciudad de Gaza para celebrar el 31 aniversario de la fundación de ese grupo islamista. Su indumentaria —que solo utilizan en los desfiles y no cuando están enfrentando a Israel— denota que se trata de un ejército regular, no de un mero grupo terrorista
(Foto: Reuters)
Sin duda, Hamás es una organización terrorista que ha cometido innumerables actos que encajan en cualquier definición estándar del término. Pero además es una entidad político-militar con autoridad de gobierno, control territorial y una burocracia funcional. Mantiene un ejército entrenado, organiza campañas militares, y lleva a cabo operaciones que se asemejan mucho más a un conflicto armado tradicional que a actos aislados de terrorismo. Etiquetar a Hamás como grupo terrorista socava la claridad jurídica y la comprensión estratégica necesarias para librar y ganar una guerra. También distorsiona la percepción pública de lo que Israel realmente hace, y de lo que le está permitido hacer según el derecho de los conflictos armados.
El término «terrorismo» tiene un significado político, legal y operativo. Según la legislación estadounidense, un acto terrorista es violencia con motivaciones políticas perpetrada por actores no estatales contra civiles. Estos actos de violencia tradicionalmente implican explosiones de autobuses o edificios civiles, secuestros y tácticas similares; por lo tanto, la respuesta adecuada a dicha violencia es el contraterrorismo, que se refiere a acciones limitadas y específicas (ataques con drones, operaciones especiales, respuestas de las fuerzas del orden) destinadas a contrarrestar dichas amenazas. Este marco no se ajusta a los sucesos del 7 de octubre, ni a los preparativos del ataque ni a sus consecuencias.
Estos malentendidos no se limitan a los comentaristas y diplomáticos occidentales. En el reciente informe de 19 páginas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre los fallos de inteligencia previos al 7 de octubre, su «investigación de percepción» destacó las suposiciones erróneas sobre Hamás, señalando que no se reconoció la trasformación de Hamás de un grupo terrorista convencional a uno que planea activamente una ofensiva a gran escala, destinada a ocupar territorio israelí y destruir a Israel. Esta brecha de percepción condujo a una falta de preparación, así como a la falta de respuesta adecuada el día del ataque. Y el mismo malentendido persiste en toda la comunidad internacional.
Presentar la masacre del 7 de octubre como un simple «ataque terrorista» resulta engañoso desde el punto de vista legal, militar y sicológico. Sugiere que Israel debería responder con medidas de aplicación de la ley u operaciones antiterroristas limitadas, en lugar de una campaña militar de amplio espectro destinada a desmantelar a un régimen hostil
El ataque del 7 de octubre no fue un acto terrorista aislado; fue una operación militar trasfronteriza de armas combinadas, es decir, una invasión. Esta invasión involucró a miles de combatientes entrenados que violaron las defensas aéreas, terrestres y marítimas de Israel; mataron a civiles y soldados por igual; y tomaron territorio, mientras que operativos en la retaguardia disparaban simultáneamente cohetes hacia el interior del territorio israelí. Hamás intentó coordinar su ataque con Hezbolá para abrir un frente en el norte. Grabaron y trasmitieron sus actividades en el campo de batalla como guerra sicológica, y las FDI tardaron días en expulsarlos del territorio que controlaban en varios kibutzim y ciudades fronterizas israelíes.
Como cualquier invasión militar convencional, el ataque representó un riesgo inmediato y existencial para el Estado de Israel, y las FDI han admitido desde entonces que su División de Gaza fue inicialmente superada y derrotada por el enemigo. Se trató de un acto de guerra tradicional, aunque implicó innumerables crímenes de guerra, ejecutado por una fuerza que desafía una clasificación fácil según las normas que han regido la guerra y la diplomacia en Occidente durante los últimos siglos.
Presentar la masacre del 7 de octubre como un simple «ataque terrorista» resulta engañoso desde el punto de vista legal, militar y sicológico. Sugiere que Israel debería responder con medidas de aplicación de la ley u operaciones antiterroristas limitadas, en lugar de una campaña militar de amplio espectro destinada a desmantelar a un régimen hostil. Sin embargo, según el derecho internacional, una vez que la naturaleza e intensidad de la violencia librada entre un Estado y un grupo armado organizado supera cierto umbral, existe un conflicto armado, y el marco aplicable no es la aplicación de la ley antiterrorista sino las normas de los conflictos armados. Las acciones de Hamás a partir del 7 de octubre cumplen ampliamente con ese umbral.
En resumen: la guerra cambia las reglas. También debe cambiar la retórica.
Ninguna otra organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos ha logrado este nivel de control territorial y gubernamental. Al-Qaeda nunca ocupó ciudades. El Estado Islámico ocupó territorio brevemente, pero nunca ganó unas elecciones ni obtuvo un reconocimiento parcial como autoridad de gobierno. En este sentido, Hamás se asemeja más al partido nazi: electo, militarizado y expansionista
Es cierto que Hamás ha utilizado y utiliza el terrorismo: durante la segunda intifada, por ejemplo, perpetró atentados suicidas en autobuses, cafés y clubes nocturnos. Se intentaron ataques similares en febrero de 2025. Esos ataques encajan en el molde clásico del terrorismo: violencia deliberada contra civiles para incitar el miedo y ejercer presión política. Pero la estructura y las operaciones actuales de Hamás implican que no es simplemente un grupo terrorista. Es un régimen terrorista.
Hamás gobierna Gaza, un territorio con fronteras claramente definidas. En 2006 ganó unas elecciones con supervisión internacional, tras lo cual consolidó el poder por la fuerza, superando estratégicamente a su rival, al-Fatah, y tomando el control del aparato de seguridad de Gaza. Desde entonces, ha gobernado la Franja como una entidad político-militar con autoridad de gobierno, control territorial y una burocracia civil funcional. Impone impuestos, administra los servicios sociales, dirige un ala de medios de comunicación y comanda un ejército con batallones de combatientes organizados en una cadena de mando jerárquica.
Ninguna otra organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos ha logrado este nivel de control territorial y gubernamental. Al-Qaeda nunca ocupó ciudades. El Estado Islámico ocupó territorio brevemente, pero nunca ganó unas elecciones ni obtuvo un reconocimiento parcial como autoridad de gobierno. En este sentido, Hamás se asemeja más al partido nazi: electo, militarizado y expansionista. Si el ataque de 2023 fue una operación militar, una invasión de un ejército terrorista, entonces los atacantes eran «militantes» o «combatientes», y su liderazgo es un régimen beligerante, no solo un grupo de terroristas en sentido estricto. Y la batalla que ahora se libra contra este ejército hostil no es antiterrorismo. Es guerra.
La diferencia no es meramente semántica; también tiene consecuencias operativas. La doctrina del Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoce que diferentes tipos de operaciones se aplican, respectivamente, al terrorismo, la insurgencia y la guerra. Llamar «militantes» a los combatientes de Hamás refleja con mayor precisión la realidad de su papel en el campo de batalla, que se rige por las leyes de los conflictos armados, incluidas las Convenciones de Ginebra y el derecho internacional consuetudinario.
Desafortunadamente, la etiqueta de “terrorista” se ha convertido en un arma retórica. Invita a comparaciones simplistas entre los ataques aéreos de Israel y las atrocidades de Hamás. Permite a los críticos decir: “Israel está matando a más personas que Hamás, por lo tanto debe ser el agresor”. Pero las guerras no se juzgan por la simetría del número de víctimas
El lenguaje también enmarca la legitimidad. Si se percibe que Israel responde al terrorismo con una guerra a gran escala, se le puede acusar de extralimitación. Pero si se entiende que Israel libra una lucha defensiva y existencial contra un régimen hostil que invadió su territorio, asesinó y secuestró a sus ciudadanos y declara su intención de repetir el ataque, entonces la guerra —con todas las obligaciones y normas que conlleva— es la respuesta adecuada, y la victoria absoluta es un objetivo justificado.
Desafortunadamente, la etiqueta de “terrorista” se ha convertido en un arma retórica. Invita a comparaciones simplistas entre los ataques aéreos de Israel y las atrocidades de Hamás. Permite a los críticos decir: “Israel está matando a más personas que Hamás, por lo tanto debe ser el agresor”. Pero las guerras no se juzgan por la simetría del número de víctimas. Se juzgan por la adhesión a principios: necesidad militar, distinción entre civiles y combatientes, proporcionalidad y humanidad. Estos principios solo funcionan si el conflicto se define adecuadamente.
Nada de esto justifica la conducta de Hamás. Hamás ha violado repetidamente las leyes de la guerra al atacar a civiles y tomarlos como rehenes, usar escudos humanos y desplegar recursos militares en zonas civiles protegidas. Sin embargo, la naturaleza y el alcance de cómo Israel ejerce su derecho a defenderse conforme al derecho internacional —y la percepción que la opinión pública tiene de ello— dependen en parte del tipo de conflicto que libra. Si la opinión pública sigue viendo la guerra a través del lente del antiterrorismo, no apreciará la magnitud ni el alcance de los objetivos de Israel ni los riesgos existenciales que conlleva su fracaso.
La precisión en el lenguaje refuerza la precisión en la estrategia y alinea los marcos legales con las realidades del campo de batalla. Además, proporciona a la comunidad internacional una base coherente para juzgar la conducta, no por la emoción ni el encuadre mediático, sino según los estándares de la guerra justa. También significa que, para ganar, las Fuerzas de Defensa de Israel deben seguir la estrategia convencional que aplicarían en tiempos de guerra, en lugar de recurrir al manual que emplearon con eficacia durante la segunda intifada, y con resultados menos claros durante los numerosos y breves estallidos de combate con Hamás desde 2007. Hamás puede usar tácticas terroristas, pero es una fuerza armada que lucha en una guerra.
La semántica importa. Siempre lo ha hecho. Pero en la guerra puede marcar la diferencia entre la legitimidad y la condena, entre la claridad y el caos, entre la victoria y la derrota.
*John Spencer es director de Estudios de Guerra Urbana en el Instituto de Guerra Moderna, codirector del Proyecto de Guerra Urbana del MWI y presentador del podcast del Proyecto de Guerra Urbana.
Solomon Moshkevich es un ejecutivo de biotecnología de California.Fuente: Mosaic (mosaicmagazine.com).
Traducción Sami Rozenbaum / Nuevo Mundo Israelita.