L a controversial Ley de Regularización de Asentamientos, que reconoce la construcción de asentamientos “salvajes” en tierra privada palestina, fue aprobada el lunes 6 de febrero en la Knesset, por 60 a 52 votos, a pesar de las advertencias de que podría colocar a Israel ante la Corte Penal Internacional.
Después de meses de disputas en la coalición, críticas condenatorias de la oposición interna e internacional, y sombrías advertencias de expertos legales, Israel legalizó todos los puestos de avanzada de Cisjordania con una amplia legislación que pretende impedir futuras demoliciones de viviendas construidas en tierras privadas palestinas. La ley allana el camino para que Israel reconozca alrededor de 4000 hogares judíos construidos en terrenos privados en unos 50 asentamientos.
Todos los miembros de la oposición presentes votaron en contra del proyecto de ley, con el veterano legislador del Likud, Benny Beguin, destacándose como el único miembro de la coalición en oponerse a la medida.
Pero esta ley todavía podría ser revocada por la Corte Suprema de Justicia. “La posibilidad de que sea derogada por la Corte Suprema es del 100%”, había reconocido el ministro de Defensa, Avigdor Liberman, la semana anterior.
Condenada por el gobierno de Barack Obama, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el fiscal general de Israel, la ley fue aclamada por el movimiento de los colonos como un punto de inflexión en el proyecto de asentamiento de 50 años. Ahora, dicen sus partidarios, la era de la evacuación de los asentamientos judíos, como la que se llevó a cabo en Amona la semana pasada, ha terminado.
En caso de cualquier estructura que se haya construido de buena fe, es decir, si los propietarios no sabían que la casa se estaba levantando en tierras de propiedad privada, el Estado pagaría a sus dueños palestinos una compensación superior al valor de mercado de la tierra, según lo determinado por un comité del gobierno israelí establecido para ese propósito.
La ley ha enfrentado una fuerte oposición, incluida la del procurador general Avijai Mandelblit, quien advirtió que es la primera vez que la legislación israelí afirma explícitamente el apoyo gubernamental a los asentamientos, y que restringirá los derechos de propiedad de los palestinos en Cisjordania, de forma que contraviene el Cuarto Convenio de Ginebra.
El reconocido parlamentario y ex ministro Dan Meridor había escrito una carta abierta a la Knesset días antes de la votación, en la que advertía: “No crucen una línea que nunca hemos cruzado. La Knesset nunca ha promulgado una legislación que regule la propiedad de los árabes en Judea y Samaria. La Knesset fue elegida por los israelíes y legisla para ellos. Los árabes en Judea y Samaria no votan a la Knesset, y esta no tiene autoridad para legislar sobre ellos. Estos son principios básicos de la democracia y de la ley israelí. Como regla general, los legisladores son elegidos y deciden para aquellos que están dentro de su jurisdicción, y no para otros”.
Agregaba Meridor: “Ningún gobierno israelí ha aplicado su soberanía sobre la Ribera Occidental, ni Menajem Beguin ni Itzjak Shamir. Ellos entendieron lo obvio: si se desea legislar sobre Cisjordania, se debe aplicar la soberanía sobre ese territorio y darle a sus residentes el derecho a convertirse en ciudadanos y votar en la Knesset de Israel. Y el significado de esto es claro…”.
La carta de Meridor finalizaba con una exhortación: “Esta ley es injusta e inconstitucional. Es contraria a los principios fundamentales de la ley israelí. Es perjudicial para Israel y pone en peligro todos los asentamientos en Cisjordania. Votad en contra. No se registren vuestros nombres en los anales de nuestra Knesset como quienes extendieron sus manos para votar a favor de algo malo y peligroso”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, que la Ley de Regularización de Asentamientos aprobada por el Parlamento israelí tendrá “consecuencias legales de alcance para Israel”.
El jefe de las Naciones Unidas dijo que es necesario que se evite “cualquier acción que pueda hacer descarrilar la solución de dos Estados” al conflicto palestino-israelí. “Todos los asuntos centrales deben ser resueltos entre las partes a través de negociaciones directas, sobre la base de las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad y acuerdos mutuos”, insistió.
El portavoz dijo que Guterres “lamenta profundamente” la aprobación de la Ley de Regularización, y que el diplomático portugués consideraba “importante” que la ONU expresase su opinión.
Con información de The Times of Israel, Aurora, Enlace Judío y Hatzad Hasheni