Alan Baker*
En una declaración del 18 de mayo de 2020, Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina y de la OLP, anunció que “la Organización de Liberación de Palestina y el Estado de Palestina están libres de todos los acuerdos y tratados con los gobiernos estadounidense e israelí, y de todas las obligaciones basadas en ellos, incluidas las de seguridad”.
Este último berrinche de Abbas, y las acciones posteriores para finalizar unilateralmente todos los acuerdos de seguridad, salud y otras formas de cooperación con Israel, plantean varias cuestiones legales y políticas interesantes con respecto a la veracidad y credibilidad de todos los compromisos firmados por los palestinos, ya sea en los documentos que comprenden los Acuerdos de Oslo u otros convenios suscritos por ellos.
Porque si el liderazgo palestino siente que puede revocar de manera libre las obligaciones solemnes de acuerdos firmados, presenciados y garantizados por líderes internacionales, simplemente por capricho de Abbas y sus asesores cercanos y porque desaprueban o simplemente objetan discursos o declaraciones de políticos israelíes, entonces uno puede preguntarse qué valor o confiabilidad tienen los compromisos palestinos pasados, presentes o futuros.
(Foto: AJN)
Lo que quizá sea curioso, incluso triste, en la declaración y acciones de Abbas, es que aparentemente no responden a ninguna acción israelí específica que pueda interpretarse como una violación de esos acuerdos. Israel, fiel a sus obligaciones en virtud de los Acuerdos de Oslo, no ha realizado ninguna modificación unilateral en el estatus de los territorios de Cisjordania.
Las acciones palestinas son simplemente respuesta a una disposición en el acuerdo de coalición del gobierno de Israel, y un discurso del primer ministro de Israel en la Knesset, en el que expresó posibles intenciones de aplicar la ley o soberanía israelí a partes de los territorios en una fecha posterior, pero sin que tales acciones se hayan tomado realmente y sin ningún detalle en cuanto a cómo y si tales acciones se materializarían.
Al contrario, el plan de paz de Trump invita al liderazgo palestino a involucrarse en la negociación de la implementación del plan, con amplios incentivos financieros y económicos que beneficiarían enormemente a la población palestina. Pero después de haber rechazado el plan por completo y haberse retirado de la mesa de negociaciones, Abbas no está en posición de amenazar o presionar a Israel y los Estados Unidos. No tiene a su disposición ningún derecho de veto.
A la luz de la declaración de Abbas que exime a los palestinos de todas sus obligaciones, surge la pregunta de si dicha abrogación, así como la violación real y unilateral por parte de los líderes palestinos de sus compromisos de los Acuerdos de Oslo —a través de la obstrucción activa y la prevención de la seguridad y otras formas de cooperación— no representa una violación material de esos acuerdos, lo que los hace imposibles de implementar, y por lo tanto permite a Israel declararlos nulos.
Incluso se puede preguntar a la comunidad internacional qué valor tiene la fijación palestina de adherirse a las convenciones internacionales en violación de sus compromisos de Oslo, a la vez que demuestran con tanta asertividad que pueden violar libremente cualquier compromiso acordado en tales convenciones y acuerdos, sin ninguna buena razón.
Abbas justifica sus acciones contra los Estados Unidos e Israel sobre la base de su profunda antipatía hacia el plan de paz de Trump, al reconocimiento por parte de EEUU de Jerusalén como la capital de Israel, y su aversión personal al propio presidente Trump. Pero el plan Trump, en sí mismo, no viola ningún acuerdo. Simplemente establece un marco para la paz entre los palestinos e Israel, incluido el establecimiento de un Estado palestino y la concesión de considerables beneficios económicos para el pueblo palestino.
De hecho, uno puede preguntarse cómo todo esto justificaría, legal o políticamente, la declaración de Abbas que exime a los palestinos de todos los acuerdos y entendimientos, y las instrucciones posteriores para obstruir e impedir la cooperación de seguridad con Israel, mucho de lo cual sirve a los intereses del propio liderazgo palestino y la población palestina.
Del mismo modo, prácticamente hablando, uno puede preguntarse cómo Abbas y sus colegas pretenden liberarse de las obligaciones especificadas en el reconocimiento mutuo de septiembre de 1993 entre el presidente de la OLP, Yasser Arafat, en nombre del pueblo palestino, y el primer ministro de Israel, Itzjak Rabin, según el cual el jefe de la OLP declaró que “todos los asuntos pendientes relacionados con el estatus permanente se resolverán mediante negociaciones”.
Asimismo, surge la pregunta de cómo la abrogación de las obligaciones de cooperación en materia de seguridad afectará los compromisos palestinos centrales y vitales en los Acuerdos de Oslo de “tomar todas las medidas necesarias para prevenir actos de terrorismo, crimen y hostilidades”. Del mismo modo, las obligaciones específicas de prevenir y actuar contra la incitación y la propaganda hostil, así como de cooperar en la prevención de la actividad delictiva, el tráfico de drogas y similares, representan obligaciones centrales que, en la medida en que no están siendo violadas repetidamente por los palestinos constituyen un componente fundamental de la relación israelo-palestina. Las implicaciones de la violación de tales compromisos podrían ser considerables y muy graves, en la medida en que representan el corazón de la relación de vecindad entre los palestinos y los israelíes.
Su abrogación formal por parte de los líderes palestinos, sin razón aparente o justificable, podría considerarse una violación fundamental de los acuerdos, lo que daría derecho a Israel a considerarlos nulos y perseguir sus propios intereses vitales de seguridad y territoriales, sin estar limitados por ninguna obligaciones derivadas de los Acuerdos de Oslo. Esto es particularmente significativo en relación con aquellas disposiciones que se ocupan de la seguridad del espacio aéreo y a lo largo de la costa de Gaza, y las disposiciones que otorgan derechos a los funcionarios palestinos de alto rengo palestino y a la policía.
Incluso en la larga lista de los campos de cooperación y coordinación no relacionados con la seguridad cubiertos por el Protocolo de Asuntos Civiles del Acuerdo Interino —incluyendo salud, agricultura, agua y alcantarillado, telecomunicaciones, pesca, combustibles, canteras, turismo y trasporte—, así como los otros protocolos del acuerdo que cubren la cooperación legal, relaciones económicas y financieras, la revocación caprichosa por parte de Abbas del acuerdo con Israel causaría un daño considerable y sufrimiento a su propia población.
La declaración palestina debe ser tomada muy en serio, tanto por Israel y Estados Unidos como por la comunidad internacional, todos los cuales tienen un serio interés en mantener la integridad del proceso de paz.
*Diplomático, director del Instituto de Asuntos Contemporáneos del Jerusalem Center y director del Foro de Derecho Global. Participó en la negociación y redacción de los Acuerdos de Oslo con los palestinos, así como en acuerdos y tratados de paz con Egipto, Jordania y Líbano.
Fuente: Jerusalem Center for Public Affairs. Traducción NMI.
