Yonah Jeremy Bob*
Un panel ampliado de nueve jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Israel ordenó este martes el reclutamiento completo de los haredim (judíos ultraortodoxos) a las FDI, y congelar todos los fondos a las instituciones que no cumplan con esta decisión a partir del próximo 1º de abril.
El fallo podría conducir a nuevas elecciones o a un cambio en el panorama político sobre el tema de los haredim en las fuerzas armadas.
Aunque el gobierno y la Knesset han estado trabajando con lentitud en este asunto durante años con la esperanza de evitar una crisis, la presión sobre los diputados ultraortodoxos y el gobierno para llegar a una solución sobre el financiamiento ha aumentado significativamente en tiempos recientes.
La decisión de la Corte se aplicó inmediatamente, aunque su decisión había dejado margen para retrasar parte de la congelación de fondos hasta el próximo 8 de agosto. En una audiencia a principios de junio, los jueces se mostraron firmes.
Parte de lo sorprendente de la audiencia fue que tres de las voces más conservadoras —los jueces Noam Sohlberg, Alex Stein y Yael Wilner— estaban entre los críticos más duros y agresivos del gobierno.
Una protesta de haredim contra el reclutamiento, la semana pasada en Jerusalén
(Foto: Flash90)
Una audiencia candente
Noam Sohlberg estaba indignado, porque las FDI habían ofrecido como medida inicial mínima acoger a 3000 haredim de entre más de 60.000 elegibles para el grupo de 2024, pero el gobierno rechazó incluso esto.
Stein y Wilner rechazaron los argumentos legales del gobierno de que los oficiales de nivel medio de las FDI podrían tener una amplia discreción para otorgar exenciones a los haredim del servicio militar, incluso más allá de circunstancias atenuantes individuales específicas.
En algunos momentos, se podría decir que los jueces estaban emocionalmente perturbados por el hecho de que durante la guerra en curso entre Israel y Hamás, que se ha cobrado la vida de alrededor de 1500 israelíes, los haredim todavía sientan que pedirles que presten el mismo servicio es “opresión”. Cuando un hombre haredí presente en la audiencia juró que los ultraortodoxos que conoce preferirían morir antes que ser reclutados, esto pareció sonar más hueco entre los jueces que en el pasado. Si antes tales declaraciones habían tenido un efecto impactante, y motivaron que la mayoría de los israelíes que sirven en las FDI quedaran estupefactos y decidieran tirar la toalla ante la dificultad de negociar con un sector tan obstinado, ahora la guerra parece haber cambiado el ambiente en el tribunal.
En unos pocos momentos, se podría decir que los jueces estaban emocionalmente perturbados por el hecho de que durante la guerra en curso entre Israel y Hamás, que se ha cobrado la vida de alrededor de 1500 israelíes, los haredim todavía sientan que pedirles que hagan el mismo servicio es “opresión”
En algunos momentos humorísticos, el presidente de la Corte Suprema en funciones, Uzi Vogelman (“en funciones” porque el ministro de Justicia, Yariv Levin, ha impedido que Yitzhak Amit asuma el cargo desde octubre de 2023), le dijo al abogado del gobierno que, al tratar de parecer coherente y razonable, había adoptado esencialmente los argumentos tanto de la fiscal general, Gali Baharav-Miara, como de las ONG que presentaron la petición de reclutar a los haredim.
Parecía no haber dudas sobre hacia dónde iba el tribunal, solo quedaba por verse hasta dónde llegaría.
A finales de marzo, la Corte Suprema congeló un tercio de parte de los fondos financiados por el gobierno para las alrededor de 1750 yeshivot (seminarios) de los haredim. Sin embargo, esto no afectó a la gran mayoría de los más de 60.000 haredim que están en edad de incorporarse a las FDI o al servicio nacional, solo a una parte de la reciente clase de 2024. Tampoco afectó a importantes fondos no gubernamentales que recaudan las instituciones de los haredim.
Si bien los defensores de los ultraortodoxos se han referido a la reducción de fondos como una cuestión de vida o muerte, no parece existir ninguna presión evidente por parte de sus funcionarios ante la Knesset para alcanzar un nuevo compromiso, ni en el gobierno ni en las audiencias parlamentarias sobre el tema que comenzaron la semana pasada sin avances notables.
Un hombre haredi sale de una oficina de reclutamiento de las FDI en Jerusalén
(Foto: The Jerusalem Post)
Los partidos políticos ultraortodoxos parecían haber contado con que la mayor parte del financiamiento del gobierno no sería tocado antes de agosto o del fallo del martes. También sabían que podrían congelar la situación actual convocando nuevas elecciones.
A principios de junio, la Corte Suprema parecía inclinarse por ordenar al gobierno y a las FDI que alistaran inmediatamente a un mínimo de 3000 nuevos reclutas haredim. Esto no sería insignificante, pero seguiría representando menos del 25% del grupo haredi que ya está prestando servicio y no afectaría a ninguna clase anterior a la de 2024.
*Corresponsal militar y analista de inteligencia de The Jerusalem Post.
Fuente: The Jerusalem Post.
Traducción Sami Rozenbaum / Nuevo Mundo Israelita.
Algunos comentarios ante la histórica decisión
Diputado Moshe Gafni, del partido Judaísmo Unido de la Torá: “Nunca un veredicto de la Corte Suprema ha sido a favor de los estudiantes de yeshivot o del público ortodoxo. Ningún juez entiende el valor del estudio de la Torá y la contribución de los estudiantes de yeshivá al pueblo de Israel para todas las generaciones”.
Diputado Avi Maoz, del partido Noam: “Los jueces de la Corte Suprema están siguiendo el camino de Aharon Barak, según el cual ‘todo puede ser juzgado’, y están interfiriendo en dominios públicos que son claramente los de los funcionarios electos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esta decisión socava el régimen democrático del Estado de Israel, debilita al Estado y a la sociedad en tiempos de guerra. Es hora de poner fin a la dictadura de la Corte Suprema”.
Avigdor Lieberman, líder del partido Israel Beiteinu: “Hay jueces en Jerusalén. Después de años de tratar de llegar a compromisos y acuerdos, la Corte Suprema ha decidido impartir justicia a la ciudadanía, que soporta la carga de la seguridad del país”.
Diputado Elazar Stern del partido Yesh Atid: “Nunca la Torá ha sido tan distorsionada y utilizada en detrimento de los demás en cuestiones de la vida humana, como han estado haciendo los partidos ortodoxos durante años”.
Diputado Benny Gantz: “Mis hermanos ortodoxos, no es la Corte Suprema, no son ustedes. Fueron el jefe del gobierno y sus ministros los que no buscaron una solución para el servicio militar obligatorio, sino soluciones para mantener la coalición. No es demasiado tarde para llegar a acuerdos que sirvan al Estado. El servicio militar es una necesidad de seguridad y un deber moral, no en lugar de la Torá, sino para que podamos seguir existiendo en nuestro Estado, para los ortodoxos, para los árabes, para los seculares, para todos los componentes de la sociedad, juntos. Es hora de llegar a un acuerdo amplio sobre el servicio israelí”.
Fuente: Enlace Judío
