Este 18 de julio se cumplieron 29 años del ataque terrorista que redujo a escombros el edificio sede de la AMIA. Ya son 29 años de persistente impunidad; 29 años de un permanente y desoído pedido de justicia y 29 años de oprobio. Resulta evidente que no hubo interés ni intención de investigar, aclarar, solucionar el caso y de llevar a los responsables a juicio. Fueron 85 masacrados, y con los años se sumó un asesinado más, contando a Alberto Nisman. Igualmente, cientos de heridos, afectados y la destrucción de buena parte de la historia y el legado de la comunidad judía.
Pese a la indolencia imperante en el transcurso de este largo tiempo, objetivamente fue un ataque contra todos los ciudadanos argentinos y una herida abierta en el seno de su sociedad. Sin embargo, ese menoscabo a la justicia implica que las autoridades argentinas, independiente del partido político que de forma circunstancial haya estado en el poder, se han desentendido, como si no fuera con el país entero, como si considerasen que solo es un asunto del mundo judío. Ello es absolutamente patente, al no haberse esclarecido el crimen ni haber abierto causas contra los planificadores, perpetradores y cómplices.
Monumento a las víctimas de la AMIA, por el artista plástico israelí Yaacov Agam
(Foto: amia.org.ar)
El nefasto desinterés también muestra una secuela obvia, con la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, en una muy simbólica fecha (¿sería un mensaje?), el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto: el 27 de enero de 2013 que, en realidad, fue un traicionero intento de avenirse con los responsables, es decir, con la teocracia iraní.
Y últimamente, el 10 de enero de 2022, en la quinta toma de posesión de Daniel Ortega al mando del abusador régimen nicaragüense, nuevamente fue verificada la indiferencia del gobierno argentino ante la presencia de uno de los imputados iraníes: el vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Rezai, sobre quien pesa una orden de detención internacional mediante una circular roja de Interpol. No obstante, se produjo la anuente representación en los festejos por parte de Daniel Capitanich, embajador de Argentina en Managua. Tras hacerse público el hecho, el gobierno de Alberto Fernández se apresuró a excusar a Capitanich, al asegurar que no conocía a Rezai, y la Cancillería argentina emitió un tardío comunicado de condena a dicha invitación, que calificó de “afrenta” contra la justicia y las víctimas “del brutal atentado terrorista” contra la AMIA. Cabe señalar que Rezai fue comandante del poderoso Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, Pasdaran, entre los años 1993 y 1994, precisamente durante el ataque terrorista contra la AMIA.
Ese menoscabo a la justicia implica que las autoridades argentinas, independiente del partido político que de forma circunstancial haya estado en el poder, se han desentendido, como si no fuera con el país entero, como si considerasen que solo es un asunto del mundo judío
Ante la vergonzosa displicencia, insensibilidad e ignominia del Estado argentino, las comunidades judías organizadas deben asumir un compromiso adicional y apoyar a los países verdaderamente democráticos, manteniendo la memoria a través de efectivos programas educativos y ceremonias en homenaje a las víctimas; así como el fomento de exhaustivos análisis sobre este flagrante caso de terrorismo, con el propósito de denunciar e impedir la repetición de sanguinarios crímenes de odio y, de modo prioritario, seguir clamando por justicia y el castigo a los culpables. Está claro que no hay democracia sin justicia.
