Un cuarto de siglo de impunidad
Una de las multitudinarias manifestaciones en reclamo de justicia por el atentado contra la AMIA
Con epicentro en Buenos Aires, Argentina y el mundo se unieron el pasado 18 de julio para conmemorar el 25 aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el ataque terrorista más trágico que ha sufrido América Latina en toda su historia.
El acto central se inició a las 9:53 de la mañana, hora exacta de la explosión de la bomba frente a la sede de Pasteur 633 en el barrio porteño de Once, en 1994. Por parte del gobierno asistieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Germán Garavano (Justicia), y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
Como es tradición, el acto comenzó con la lectura de los nombres de cada una de las 85 personas que perdieron la vida en el atentado, que además dejó cientos de heridos. Durante un minuto sonaron cientos de sirenas en los cuarteles de bomberos, las comisarias y los automóviles policiales que estaban en la calles de Buenos Aires; sonaron también los timbres en las escuelas y otras dependencias públicas, así como las campanas en las iglesias. Esta medida fue dispuesta por el gobierno porteño, por iniciativa del Congreso Judío Latinoamericano.
Con la consigna “85 vidas arrancadas. 25 años de impunidad”, la ceremonia contó con las palabras del actual presidente de la mutual, Ariel Eichbaum; del doctor Florentino Sanguinetti, director del Hospital de Clínicas al momento del atentado; y de Sofía Guterman, madre de una de las víctimas.
El presidente argentino, Mauricio Macri, no asistió al acto, pero encabezó en la Casa Rosada, sede del gobierno, la presentación del libro Justicia Perseguirás, una publicación en homenaje al luctuoso aniversario, evento organizado entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Congreso Judío Latinoamericano.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, presidió también en Buenos Aires la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, en la que participaron cancilleres y especialistas en contraterrorismo de América Latina. La visita del funcionario norteamericano fue una suerte de espaldarazo a la decisión de Macri de plegarse a la iniciativa de la administración de Donald Trump y del gobierno israelí de declarar formalmente a Hezbolá como organización terrorista. Pompeo también se reunió con las autoridades de la comunidad judía argentina, junto al canciller argentino Jorge Faurie.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, confirmó que el gobierno avanzará en la creación de un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento.
Adicionalmente, la cancillería argentina, en colaboración del Congreso Judío Mundial, realizó durante varios días una serie de actividades en las embajadas argentinas en distintos países por el 25 aniversario del atentado. La propia AMIA difundió un video institucional llamado “Cumpleaños”, en el cual 26 jóvenes declararon: “El 18 de julio voy a cumplir 25 años. La impunidad también”.
Sin resultados concretos
A un cuarto de siglo de la voladura de la mutual judía, la Justicia solo pudo determinar que el ataque fue perpetrado por un terrorista suicida con una camioneta Renault Traffic cargada con aproximadamente 400 kilos de explosivos, que fueron detonados frente al edificio de la calle Pasteur 633. Por este hecho no se ha dictado ni una sola condena, y desde la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) ya admiten que el tiempo juega en contra de la investigación y el castigo a los responsables.
En línea con la investigación realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, la UFI-AMIA, hoy a cargo del fiscal Sebastián Basso, ratifica que el brazo armado de Hezbolá encomendó la preparación y la ejecución del atentado. Este se planificó durante una reunión en Mashad (Irán), en agosto de 1993. Según la hipótesis de trabajo, el libanés Samuel Salman El-Reda fue el organizador principal. Hasta el momento se mantienen órdenes internacionales de captura contra él, así como contra los iraníes Mohsen Rabani, Alí Akbar Velayati, Hadi Soleimanpour, Alí Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi y Ahmad Reza Asghari.
El gobierno de la anterior presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Irán que fue refrendado por el parlamento, pero que más tarde fue declarado inconstitucional por la Justicia. Precisamente por ese hecho, el fiscal Nisman acusó a la ex presidenta de una presunta maniobra criminal para intentar garantizar la impunidad de los iraníes acusados por el atentado. Nisman fue asesinado la víspera de su presentación del caso, en enero de 2015.
Con información de AJN y Aurora
Caso Alas Chiricanas, otra atrocidad de Hezbolá
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, solicitará reabrir la investigación sobre un atentado perpetrado el 19 de julio de 1994 contra un avión de la aerolínea panameña Alas Chiricanas en el que murieron sus 21 pasajeros, 12 de ellos judíos, tras recibir nuevas pruebas procedentes de Israel que apuntan a Hezbolá.
«Vamos a tener reuniones con autoridades panameñas y autoridades internacionales para pedir formalmente la reapertura del caso Alas Chiricanas, y que se dé con los responsables de este atentado terrorista», indicó el mandatario a los periodistas.
El atentado tuvo lugar un día después del ataque con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.
Varela recibió en noviembre de 2018 una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que este le aseguraba que los servicios de inteligencia de su país tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave «claramente fue un atentado terrorista» perpetrado por el grupo islamista libanés Hezbolá. Hace pocos días, durante una visita oficial a Israel para la firma de un tratado de libre comercio entre ambas naciones, Varela recordó el atentado en una rueda de prensa junto a Netanyahu, y prometió a su homólogo israelí «seguir ese caso» y asegurarse «de que se haga justicia».
El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de Alas Chiricanas estalló a pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón hacia la ciudad de Panamá. En el atentado terrorista, el más grave en la historia del país, no hubo sobrevivientes; entre las víctimas se encontraba una docena de empresarios de la comunidad judía afincada en Panamá. Uno de ellos, apuntó el presidente panameño, «era una persona muy cercana a mí, que estudió conmigo en Estados Unidos y que espero que se le pueda hacer justicia, no solo a él sino a todos los que perdieron la vida en ese atentado y a sus familiares».
Los restos de uno de los muertos en el avión nunca fue reclamado; según la lista de pasajeros correspondía a Jamal Lya, ciudadano de origen libanés. Algunos testimonios dan cuenta de que el hombre no hablaba inglés ni español, y había viajado varias veces en la misma ruta en días anteriores. Poco después, un autoproclamado grupo fundamentalista islámico denominado Ansar Allah (Los leales a Dios) se atribuyó el ataque a la AMIA y el de Alas Chiricanas. Sin embargo se determinó que ese grupo no existía, y la investigación se estancó.
Con información de EFE, La Prensa (Panamá) y Wikipedia
