España es el primer país del mundo que ilegaliza el financiamiento público del boicot a Israel y los judíos. Se trata del mayor triunfo hasta la fecha de la organización no gubernamental ACOM, que lleva a cabo una lucha legislativa impecable contra la demonización y discriminación antisemitas. Esta es una entrevista exclusiva
Sami Rozenbaum
Durante los últimos años, la campaña internacional de demonización contra el Estado de Israel denominada BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) ha buscado aislar y estigmatizar al único Estado judío, sus instituciones y habitantes, así como a cualquier persona —judía o no— que mantenga relaciones con Israel o simplemente manifieste su apoyo de cualquier forma. Se trata, claramente, de una reedición de las actividades antisemitas de siglos anteriores, con un ropaje adaptado a lo “políticamente correcto” y a las técnicas de mercadeo político contemporáneo.
Una de las maneras en que BDS se ha concentrado para conseguir sus fines ha sido lograr la adopción de leyes y reglamentos que prohíban cualquier vínculo contra el Estado judío, ya sea en universidades, instituciones culturales, organizaciones gremiales o incluso regiones y países enteros.
En España, con el apoyo de partidos políticos de izquierda, esta actividad llegó a crear lo que llamaron “Espacios Libres de Apartheid Israelí” (ELAI). Pero desde 2015, tales actividades se han encontrado con una barrera formidable: la organización no gubernamental de diplomacia pública Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), fundada en 2004, que a pesar de estar integrada por un pequeño equipo humano y limitados recursos ha logrado, gracias a un uso eficaz y valiente de las herramientas legales, echar por tierra esas decisiones e incluso declararlas inconstitucionales. Así, ACOM ha logrado la anulación judicial de nada menos que 85 acuerdos de adhesión a la campaña BDS, sobre todo de ayuntamientos españoles, al quedar demostrado “el carácter discriminatorio y excluyente de esos acuerdos que vulneran el marco común de convivencia”.
El pasado 4 de octubre, en su mayor triunfo hasta la fecha, ACOM logró lo que el propio portal de la organización (a-com.es) denomina el “golpe jurídico definitivo contra los discriminadores”: el Tribunal Supremo de España condenó sin paliativos, a través de una sentencia histórica, cualquier adhesión a la campaña BDS financiada con fondos públicos. La sentencia es pionera en el mundo y crea jurisprudencia, por lo que la campaña de acoso antisemita de BDS, y sus iniciativas para crear espacios “ELAI” donde se discriminaba a israelíes y judíos en España, ha sido definitivamente ilegalizada.
Con motivo de tan extraordinario éxito para frenar el antisemitismo judicializado, que ahora podrá imitarse en otros países, Nuevo Mundo Israelita realizó la siguiente entrevista a Ángel Mas, fundador y presidente de ACOM.
NMI. Cuál fue el evento detonante para la fundación de ACOM? ¿Quiénes lo crearon? ¿Siguieron un modelo, o se trató de una creación totalmente original?
AM. No hubo un evento detonante como tal, sino la concienciación de que existía una oportunidad en España para presentar la perspectiva a favor de Israel desde el punto de vista político, mediático e incluso legal, de parte de ciudadanos españoles que pensábamos que había una comunión de intereses y valores entre España e Israel. Las comunidades judías cumplen su papel, que tiene que ver con la vida judía en España; la embajada de Israel cumple el papel de representante diplomático; pero no había en aquel momento una plataforma de ciudadanos que atendieran, desde el ser español, desde una perspectiva española, la conveniencia de tener relaciones excelentes con Israel por nuestros valores compartidos y nuestros intereses comunes.
Y así surgió la idea. Lo creamos un grupo de personas que habíamos visto un modelo en Estados Unidos con AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), basado en voluntarios, activistas, muchos judíos y muchos no judíos, a quienes nos une esa proximidad con el Estado de Israel, con el Estado judío, y luego nos fue uniendo no solo la actividad política sino también contra la discriminación antisemita.
España, como toda Europa y muchos países del mundo, sufre el fenómeno del antisemitismo, pero tiene particularidades, sobre todo que la actividad antisemita venía de la izquierda y la ultraizquierda, y que se ejercía en muchos casos desde las instituciones del Estado que esos partidos de izquierda controlaban, usaban, patrimonializaban, para buscar la discriminación contra personas, intereses, compañías, firmas israelíes, o incluso contra cualquier español que tuviera una asociación evidente y pública con el Estado judío. En los territorios que hacían ese tipo de declaraciones, se les excluía por medio de acuerdos institucionales de la vida social, económica y política. Ante eso nosotros decidimos dar un paso más, alrededor de 2015, y comenzar una campaña legal que tenía más que ver con la lucha contra el antisemitismo. Años antes ya habíamos tenido unos casos importantes en el ámbito universitario, pero desde 2015 los ataques fueron muy violentos desde muchísimas instituciones del Estado como ayuntamientos, gobiernos provinciales, parlamentos regionales, y eso nos movilizó en el tema legal.
“Las iniciativas discriminatorias las presentaban grupos disfrazados de organizaciones no gubernamentales que en realidad eran grupos antisemitas, pero con financiación pública”
(Foto: Libertad Digital)
¿Cuál fue el primer éxito de ACOM?
Desde que logramos formar el primer Grupo de Amistad España-Israel en el Congreso de los Diputados (Parlamento), hemos impulsado numerosas iniciativas políticas que han tenido mucho éxito, algunas de modo público y otras de modo menos público, pero igualmente importantes. No solo ha habido decisiones políticas sino desarrollo legislativo, como cuando hace un par de meses el parlamento regional de Madrid presentó una petición al Parlamento nacional para que se modificaran una serie de leyes relacionadas con subvenciones, con la ley de asociaciones y de contratos públicos. Porque muchas de estas actividades, como he explicado, tenían que ver con la discriminación promovida desde instituciones del Estado, y además esas actividades e iniciativas las presentaban grupos disfrazados de organizaciones no gubernamentales que en realidad eran grupos antisemitas, pero con financiación pública. Recibían subvenciones millonarias en euros de municipios, de provincias, y con ese dinero, que es de todos los contribuyentes españoles, fomentaban este tipo de actividades discriminatorias. Por tanto, la Asamblea de Madrid decidió elevar al Congreso la petición de que se modifiquen esas leyes, y el 4 de octubre obtuvimos el éxito de que el Parlamento nacional votara por mayoría —con solo el voto en contra de la izquierda, es decir Podemos y partidos separatistas— a favor de modificarlas.
El Tribunal Supremo de España condenó sin paliativos, a través de una sentencia histórica, cualquier adhesión a la campaña BDS financiada con fondos públicos. La sentencia crea jurisprudencia, por lo que la campaña de acoso antisemita de BDS, y sus iniciativas para crear espacios “ELAI” donde se discriminaba a israelíes y judíos en España, ha sido definitivamente ilegalizada
Es evidente que ACOM posee un sólido equipo de juristas.
Nosotros nos nutrimos de voluntarios, personas que contribuyen con su tiempo y capacidad profesional. Por supuesto, también recibimos contribuciones de una serie de personas generosas que nos dan los fondos que necesitamos. Desde el punto de vista jurídico contamos con el apoyo de unos fantásticos abogados que se concentran alrededor de la firma Cremades & Calvo Sotelo, muy importante en España, que comparten con nosotros valores relacionados con los derechos humanos, con la no discriminación y la defensa del Estado de derecho.
Como dije, muchos de nuestros voluntarios no son judíos. Siendo la comunidad judía española relativamente pequeña, tenemos una serie de aliados muy importantes en diferentes estratos de la sociedad, con el mundo católico, con distintos partidos del arco parlamentario siempre que sean constitucionalistas, democráticos, que respeten las instituciones de nuestro Estado de derecho.
¿Cuáles han sido los mayores obstáculos para la labor de la organización?
Lo más difícil ha sido siempre, desde luego, que muchas de las actividades antisemitas, discriminatorias, hostiles que singularizan su ataque al Estado judío —solo al Estado judío, al único Estado judío—, criminalizando a sus ciudadanos, deshumanizándolos, demonizando sus instituciones, se hacían y se hacen con financiación pública, con subsidios públicos millonarios, y desde instituciones del Estado que deberían ser de todos los españoles y no utilizarse para atacar a una minoría. Es pues, un David contra Goliat, porque nosotros somos un grupo privado que no tiene los medios de que dispone el Estado, y contra eso hemos tenido que luchar.
¿Cómo se explica que no haya surgido una organización similar a ACOM en países de más larga tradición democrática, donde existen comunidades judías mucho más grandes que en España e incluso mayores expresiones de antisemitismo y “antisionismo”, como Francia o el Reino Unido?
En Europa hay otros grupos que tienen unos objetivos parecidos a los de ACOM con los que colaboramos muy estrechamente, como Noruega, Irlanda, Alemania, Reino Unido, y por supuesto con organizaciones internacionales de prestigio y organizaciones israelíes. Yo diría que lo que lamentablemente nos ha diferenciado un poco es la virulencia de algunos partidos que hoy conforman el gobierno de la nación, que forman parte de la coalición de izquierda y que son tan furibundamente antisemitas tras la máscara de ser antiisraelíes, que cambian de terminología pero utilizan los clichés clásicos del antisemitismo y de los libelos antisemitas, llamando “sionistas” lo que antes llamaban judíos, pero son exactamente los mismos clichés y los mismos fines de exclusión.
Al ser parte del gobierno de España, esos grupos canalizan millones y millones de los fondos públicos de los contribuyentes a ese tipo de actividades, creando una industria de odio. La intensidad de su actividad ha sido a veces muy evidente, por supuesto no se paran ante nada, buscan la exclusión social, la demonización en los medios, hacernos la vida complicada. Pero nosotros siempre hemos tenido claro que ellos tienen una fijación obsesiva, compulsiva, enfermiza, y además porque el que paga manda. En particular al partido Podemos, su nacimiento se facilitó por la financiación de la República Islámica de Irán. Pablo Iglesias, su fundador y quien fue vicepresidente del gobierno, trabajó para la radiotelevisión iraní en español HispanTV, le pagaban el sueldo, le pagaban el teléfono móvil, y por lo tanto el que paga manda, y eso constituyó para ellos una prioridad, y cuando llegaron al gobierno la aplicaron en la labor gubernamental.
“Siempre hemos tenido claro que ellos tienen una fijación obsesiva, compulsiva, enfermiza. En particular al partido Podemos, su nacimiento se facilitó por la financiación de la República Islámica de Irán. Pablo Iglesias, su fundador y quien fue vicepresidente del gobierno, trabajó para la radiotelevisión iraní en español HispanTV, le pagaban el sueldo, le pagaban el teléfono móvil”
¿Han sufrido los integrantes de ACOM amenazas a su seguridad personal?
España es una democracia constitucional y un Estado de derecho, y le estamos muy agradecidos a los tribunales de justicia, las fuerzas de seguridad y la policía, porque mantienen ese Estado de derecho y la neutralidad del Estado para no discriminar a una minoría como la judía o a los ciudadanos israelíes en España.
Después de este triunfo en el Tribunal Supremo, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta ACOM?
Lo que tenemos que seguir haciendo a nivel judicial es, precisamente, lograr que estas actividades que promueven el odio no salgan gratis. Los hemos estado venciendo en todas estas batallas legales, pero tenemos que pasar al siguiente estadio: que se ejecute efectivamente la política de Estado de no discriminación y, desde luego, la no financiación de actividades discriminatorias, que esas asociaciones que promueven el odio no puedan recibir fondos públicos, y aplicar sanciones penales y criminales si eso llegara a suceder. Estamos completamente enfocados en que la democracia y sus tribunales sigan ejerciendo esa protección a la minoría judía en España.
Puedo decir que políticamente nunca hemos tenido más y mejores aliados en el espectro democrático, y que la conciencia que inspiró el nacimiento de ACOM, que fue que se conocieran mejor los intereses y valores compartidos por España e Israel, y que se viera a la democracia israelí no solo como homologable sino como muy parecida a la nuestra, se ha ido consiguiendo. A Israel y su realidad se les conoce mejor, y también hemos conseguido que la realidad de los enemigos de Israel se conozca mejor.
Cuando trataron de silenciar a ACOM
En octubre de 2017, una organización llamada Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) presentó una querella contra Ángel Mas por el presunto delito de “incitación al odio”, y contra ACOM por “asociación ilícita”.
La demanda calificaba a ACOM como una asociación dedicada a “tergiversar la realidad, negando, trivializando y justificando los crímenes cometidos por Israel sobre la población palestina, a la que ha tachado siempre de terrorista”. El CSCA contó con el abogado Gonzalo Boye y su gabinete legal, y aspiraba a una condena que podría haber significado pena de prisión de hasta cuatro años para Mas y la ilegalización de ACOM.
CSCA es una organización radical que sobrevive con las subvenciones de instituciones públicas y ayuntamientos. Con ellos financia, bajo una excusa solidaria, proyectos que buscan la discriminación contra los judíos, la incitación al odio e incluso la glorificación del terrorismo.
Por su parte, Gonzalo Boye ya había sido condenado por colaborar con el grupo terrorista vasco ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla. Fue y sigue siendo abogado de narcos y terroristas y figura clave del acoso legal a Israel, con vínculos con grupos palestinos radicales. En 2018 su nombre surgió a la luz por participar en la farsa legal del separatista catalán Carles Puigdemont.
La querella contra Ángel Mas y ACOM fue finalmente desestimada en primera instancia el 3 de octubre de 2018 por el Juzgado de instrucción número 7 de Madrid, y definitivamente archivada por la Audiencia Provincial de la misma ciudad el 14 de diciembre de 2018.
Con información de a-com.es
