AMIA, 30 años de impunidad: ¿Y después?

El 18 de julio de 1994, el edificio de la mutual israelita en Buenos Aires voló en pedazos por un atentado terrorista; hay que darle un nuevo enfoque a la investigación

Roberto Durrieu*


Este 18 de julio se cumplen 30 años del ataque terrorista a la sede Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Se trató del atentado más grave que sufrió Argentina en su historia (85 muertos y más de 300 heridos graves), y el segundo de mayor envergadura ocurrido en el continente americano, solo superado por el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

Ahora bien, cuando nos preguntamos sobre el nivel de la investigación desplegado, solo asoma uno de los capítulos más lamentables de la historia judicial argentina. A los hechos prácticos, la investigación se encuentra frenada desde el asesinato del fiscal Nisman y mucho antes también.

Para peor, un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la República Argentina, declarándola responsable por la violación a las garantías universales de derechos humanos, ligadas a garantizar la vida de los ciudadanos todos y un adecuado “acceso a la justicia” (artículos 5 y 8 de la Convención de Derechos Humanos de América).

Los términos del reciente fallo de la Corte Interamericana son lapidarios para el país, alegando, sin titubeos, un “esquema estatal perpetrado para encubrir los acontecimientos criminales”, agregando que existieron “intervenciones dolosas tendientes a desviar el natural desarrollo de la fallida investigación”.

(Foto: La Nación)

El presidente Javier Milei tomó nota de la “gravedad institucional” que significa el fallo, y anunció la redacción de un proyecto de ley tendiente a reactivar la investigación. Pero la pregunta del millón es: ¿De qué modo? ¿Cómo una ley del Congreso podrá reparar el quebrantado derecho a la verdad y justicia que ya cumple 30 años de impunidad?

Tanto el fallo de la Corte supranacional, como todas las investigaciones que se han hecho dentro y fuera del país, dan cuenta de dos hechos inapelables. Primero, que los ideólogos y responsables del ataque a la AMIA son la organización terrorista Hezbolá y, detrás suyo, la República Islámica de Irán.

Segundo, que nos encontramos con una causa paralizada, sin líneas de investigación superadoras de las fallidas capturas y extradición al país de los siete iraníes sospechados de planificar el atentado terrorista desde el Medio Oriente. El llamado “Pacto con Irán” que intentó agilizar ese proceso de extradición no hizo más que agudizar el estado procesal de impunidad total y absoluta.

Habida cuenta de estos dos conceptos harto conocidos y con amplio consenso en Argentina y en la comunidad internacional, debemos enfocarnos en qué va a hacer el Estado argentino para terminar de una vez con esta situación de injusticia hacia las víctimas.

Y aquí es donde me permito aportar una nueva visión renovada a la investigación de la causa AMIA. Propongo reencauzar la investigación de manera tal de ir tras “la ruta del dinero”. Es decir, focalizarse en los movimientos monetarios que fueron los desencadenantes finales de este atentado sobre los siete iraníes acusados, el mismo Estado de Irán y Hezbolá. La misma fuente financiera y monetaria con la que se planificó y ejecutó el previo ataque terrorista contra la embajada de Israel de 1992. Porque como dice Eduardo Ferrer, presidente de la Corte Interamericana en el fallo, el aparato de prevención del Estado argentino también fue inoperante a la hora de la prevención de ambos ataques genocidas sobre la comunidad judía en el país.

Ambos atentados (AMIA y embajada de Israel) tuvieron motivaciones antisemitas y geopolíticas. Sin embargo, cualquier acto terrorista requiere de financiamiento para desarrollarse y ejecutarse. Se estima que cada ataque pudo costar hasta US$ 1.000.000. Poca plata si tenemos en cuenta que las principales organizaciones terroristas como ISIS, Hamás o al-Qaeda manejan cerca de 3000 millones de dólares cada año (Reporte de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, Nueva York, año 2012, p. 32). Y seguir el rastro de los activos que fueron utilizados para perpetrar el crimen de lesa humanidad o genocidio es la manera más efectiva de investigación de los crímenes complejos y trasnacionales en los tiempos de hoy.

Cualquier acto terrorista requiere de financiamiento para desarrollarse y ejecutarse. Se estima que cada ataque pudo costar hasta US$ 1.000.000. Poca plata si tenemos en cuenta que las principales organizaciones terroristas como ISIS, Hamás o al-Qaeda manejan cerca de 3000 millones de dólares cada año

Se trata de un nuevo paradigma de prueba contable, digital y económica, que desde hace algunos años cuenta con amplio consenso en el mundo de las ciencias criminológicas. Se busca, así, ser más efectivos en la búsqueda de la verdad, sin menoscabar las garantías individuales de los sometidos al debido proceso (fair trial). Esto es especialmente importante en el caso AMIA, ya que se han agotado todas las pruebas directas, de la ingeniería más inmediata del hecho.

La premisa es enfocar la investigación en el delito de “financiamiento del terrorismo” (art. 2, Convención de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, y art. 306 del Código Penal argentino), cuya investigación permite descubrir y ligar directamente a quienes financiaron el atentado (los ideólogos o “autores mediatos”) con los perpetradores inmediatos de la explosión.

Otra de las ventajas de este enfoque económico del delito, tiene que ver con su imprescriptibilidad. Hay consenso en el derecho comparado en que tal delito de financiamiento del terror es de comisión permanente y continuo; además de encontrarse en el llamado “derecho de gentes” (el ius gentium para los romanos).

La posibilidad de reencauzar la investigación del atentado a la AMIA es, por tanto, no solo factible, sino también el correcto y deseable. Es un camino que nuestra Justicia debería iniciar cuanto antes si quiere ponerse a la altura de las investigaciones de atentados del estilo más experimentales y de vanguardia en las prácticas procesales universales.

Los sobrevivientes, las familias de las víctimas y la sociedad argentina en su conjunto ya han sido privados de la posibilidad de tener justicia por demasiado tiempo.

*Doctor en Derecho y experto en Derecho Penal Internacional argentino.
Fuente: La Nación (Buenos Aires).
Versión NMI.