Era un lunes cualquiera, con el frío propio de la época; padres llevando a sus hijos al cole, los trabajadores entrando a sus puestos de trabajo, los comercios abriendo sus santamarías; en fin, la ciudad de Buenos Aires despertaba, sin imaginar el horror que asomaba a la vuelta de la esquina. A las 9:53 de la mañana de aquel ominoso lunes 18 de julio de 1994, se oyó un estruendo ensordecedor que provenía de la calle Pasteur, volaba gran parte de un edificio por los aires, dejando a 85 personas muertas y más de 300 heridas. Era la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, fundada en 1894 y que ese año cumpliría su centenario.
Al igual que sucedió dos años antes, en 1992 en la embajada de Israel, un coche bomba se estrellaba contra ambas instalaciones; en el caso de la embajada fueron 22 las víctimas mortales y 242 los heridos.
El atentado terrorista contra la AMIA ha sido el más dantesco en la historia de Argentina, y el acto antisemita más prominente después de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial.
Como en 2016, este año pudimos compartir presencialmente la conmemoración de la memoria de las víctimas con parte de sus familiares, oyendo emotivos y desgarradoras experiencias de padres, esposos e hijos, a 28 años de aquel terrible suceso.
Uno de tantos episodios en la madeja del caso AMIA: el juez Juan José Galeano terminó preso por tratar de torcer la investigación
(Foto: perfil.com)
Han trascurrido casi tres décadas, y todavía la comunidad judía argentina, así como el país y todo el pueblo judío, siguen esperando una justicia esquiva; ya que a pesar de que existen publicadas seis de las nueve notificaciones rojas de Interpol, dichas órdenes de aprensión contra iraníes plenamente identificados no se han ejecutado, ese país no tiene tratados de extradición con ningún otro del mundo, y por supuesto, aunque lo tuviera no se realizaría bajo ningún escenario.
La causa AMIA ha pasado por innumerables laberintos judiciales, empezando por la “AMIA I” abierta en 1994, cuando se encontró el motor del coche bomba en los escombros de la edificación, vehículo perteneciente a Carlos Alberto Telleldin. En 1995 se abre la causa “Brigada”, donde se investiga a la policía bonaerense por un falso testimonio que los inculpa, pasando varios de ellos años en prisión y quedando en libertad en el 2004.
En 1999, la representación de los familiares de las víctimas, agrupados en Memoria Activa, denuncia al Estado argentino por violación del derecho a la vida, así como obstaculizar la consecución de la justicia.
En 2003, el presidente Néstor Kirchner crea una Fiscalía Especial a cargo del fiscal Alberto Nisman, quien ya trabajaba en el caso desde el año 1997. En 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firma un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán, a los fines de que los sospechosos fueran interrogados en Teherán por el entonces fiscal Alberto Nisman y el juez de la causa, Rodolfo Conicoba Corral, y también se propone la creación de una Comisión de la Verdad integrada por juristas internacionales.
En 2015, el Fiscal Especial del caso, Alberto Nisman, es encontrado muerto en su apartamento; justamente días antes de su muerte, había denunciado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman y otros funcionarios por abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público y de una supuesta confabulación para dotar de impunidad a los implicados en el atentado terrorista.
En 2019, el juez de la causa Juan José Galeano, fue condenado a seis años de prisión por usar dinero del Estado para pagar a testigos falsos, que acusaron a un grupo de policías de la ciudad de ser la “conexión local”. En este proceso se condenó a otros varios funcionarios que destruyeron elementos probatorios recolectados a través de la investigación.
Esto ha sido un enjambre de procesos, denuncias, falsos positivos que han evitado las resultas definitivas de esta tragedia, que 28 años después de ocurrida no ha podido cerrar las heridas en los corazones de los familiares de las víctimas que claman justicia
En 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 sobreseyó a todos los imputados denunciados por el fiscal Nisman, por entender que la firma del memorándum no constituía delito.
En fin, esto ha sido un enjambre de procesos, denuncias, falsos positivos que han evitado las resultas definitivas de esta tragedia, que 28 años después de ocurrida no ha podido cerrar las heridas en los corazones de los familiares de las víctimas que claman justicia.
Justamente al momento de escribir estas líneas, el New York Times publica una investigación del Mossad, donde afirma que tanto los ataques contra la embajada de Israel en 1992 como la AMIA en 1994, fueron financiados y organizados por Irán y llevados a cabo por una unidad operativa de Hezbolá, no habiendo ciudadanos argentinos o iraníes en el lugar del atentado. De la investigación se evidenció que Irán aprobó y financió la operación, y proporcionó equipos y capacitación para ambos atentados.
Esta publicación ha causado revuelo, pero en su contenido lo que hace es confirmar el protagonismo indiscutible de Irán en ambos atentados, y la ejecución de los mismos a través de su brazo armado, Hezbolá.
Así que parece que lejos de esclarecer este tema, seguimos tejiendo una red de teorías, hipótesis, autores intelectuales, materiales, cómplices, encubridores; es algo de nunca acabar, y como dice un refrán que usan los investigadores policiales, “el tiempo que pasa y la verdad que huye”.
